Víctimas del asbesto en Colombia le ganaron demanda a Eternit: la empresa deberá pagar más de $12.000 millones y ofrecer disculpas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que la empresa Eternit Colombiana SA, dedicada al sector de la fabricación de materiales de construcción, fue condenada a pagar una millonaria multa a las víctimas del asbesto, un producto utilizado para la producción de tejas.

Según el fallo emitido por el tribunal, la empresa deberá pagar una indemnización de 12.700 millones de pesos a las víctimas y familiares de otras víctimas provocadas por el uso de este material, quienes manifestaron su satisfacción ante la decisión judicial, afirmando que responde a su lucha de varios años para prohibir el uso del mismo y concientizar sobre el impacto que genera el asbesto a las personas.

“Condénase a Eternit Colombiana S.A. (sic) a pagar una indemnización de doce mil setecientos (12.700) salarios mínimos mensuales legales vigentes al grupo afectado, en los términos indicados en la parte motiva”, se lee en el documento.

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Además, el Tribunal de Cundinamarca también advirtió a Eternit que, “como forma de reparación integral,1) a la emisión de un comunicado a la opinión pública, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de esta providencia, en el que ofrezca excusas por los perjuicios causados a raíz de la utilización del amianto en procesos industriales”.

Así mismo, el fallo menciona que Eternit tendrá que emitir una circular interna “sobre la consideración de evidencia científica en el desarrollo de productos y servicios que impliquen riesgos para la salud humana y el medio ambiente, en los términos indicados en la parte motiva”.

En la decisión, también ordena a la Defensoría del Pueblo que, a través de una publicación en los medios nacionales, se advierta de la determinación del tribunal, en aras de que las víctimas de asbesto en Colombia que no fueron incluidas en la demanda, puedan recibir su indemnización correspondiente.

“A la Defensoría del Pueblo, la publicación, por una sola vez, de un extracto de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional dentro del mes siguiente a la notificación del auto que ordene obedecer lo dispuesto en esta providencia, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso”, menciona el Tribunal en el documento.

Según el tribunal, los 12.700 millones de pesos de indemnización a las víctimas de asbesto en Colombia, tendrán que ser enviados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, “dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este proveído”.

También, la decisión judicial ordenó a la Defensoría del Pueblo, entidad que lidera Iris Marín, para que “después de haberse pagado las indemnizaciones ordenadas en el cuadro del acápite 3. Indemnización, y vencido el término para acogerse a la presente sentencia, los reintegre a Eternit Colombiana S.A. con los intereses causados en las cuentas bancarias respectivas”.

Desde el primero de enero de 2021, Colombia entró en la lista de naciones que prohibieron la explotación, comercialización, importación, distribución y exportación del asbesto como materia prima y todos los productos que contengan dicho material, con el objetivo de que se proteja la vida de los colombianos, ya que es un material que es causa de enfermedades terminales, como el cáncer de pulmón.

Por medio de la Ley 1968 de 2019, se estableció una política para sustituir este material, así como una ruta de atención integral para las personas expuestas a este material. No obstante, a pesar de esta legislación, aún persisten en el país estructuras, techos y cubiertas que fueron construidos con este material tóxico.

Uno de los casos más conocidos por esta problemática ocurrió en el municipio de Barichara, departamento de Santander, donde un padre de familia presentó una tutela donde denunciaba que 300 estudiantes del Colegio Aquileo Parra estaban en riesgo debido al uso de asbesto en los techos de las instalaciones educativas.

“Los niños están recibiendo clases bajo techos de asbesto, lo que puede ocasionar cáncer porque está comprobado que este material es cancerígeno. Ya hemos visto síntomas en algunos de ellos. Esta situación nos obligó a varios padres a presentar una tutela, alegando que las condiciones en las que los estudiantes están recibiendo clases no cumplen con las normas sanitarias”, explicó Óscar Arenas, presidente del consejo de padres de familia de la institución educativa en Santander.

Ante ello, la Corte Constitucional dictó una orden a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía de Barichara para que procedan con la sustitución de los techos en las tres sedes urbanas del colegio, que abarcan cerca de 14 aulas. Además, la sentencia también exige la construcción de un restaurante escolar adecuado en un lugar seguro para los estudiantes, con el fin de garantizar un entorno saludable y conforme a las normativas vigentes.