Tres empresas fueron intervenidas por el delito de captación ilegal de dinero: ofrecían cupos para proyecto de vivienda

La Superintendencia de Sociedades de Colombia (Supersociedades) informó que intervino tres empresas durante agosto y septiembre, debido a la captación no autorizada de recursos del público. Según los informes, el monto total ilegalmente captado asciende a $28.635.469.933, con lo que se afectó a más de 400 ciudadanos en diversas ciudades del país.

Entre las compañías intervenidas se encuentra Home Capital Colombia S.A.S., con sede en Medellín (Antioquia). Esta entidad captó más de $20.070 millones de 202 personas, mediante la firma de contratos de mandato y cesión de derechos económicos, con lo que prometía inversiones en bienes inmuebles y devoluciones de dinero con utilidades fijas.

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“Aunque la empresa manifestó su voluntad de devolver los fondos a través de un plan de desmonte, la intervención judicial sigue en curso”, informó la Superintendencia.

En Pasto, la empresa PYG Constructora S.A.S. engañó a 52 personas, a las que captó más de $2.378 millones. La sociedad ofrecía promesas de compraventa de inmuebles sin contar con los lotes ni licencias de construcción necesarias.

“El pasado 4 de septiembre, la Superintendencia intervino judicialmente a la sociedad, decretando el embargo de todos sus bienes para garantizar la devolución del dinero”, señaló el informe.

En Bogotá, las empresas Cosmos Constructores S.A.S. y la Cooperativa Multiactiva Mir de Colombia también fueron intervenidas tras captar más de $6.185 millones de 191 personas. Ambas entidades ofrecían falsos “proyectos cupo de vivienda”, sin contar con los permisos de construcción ni los terrenos necesarios; un claro ejemplo de fraude inmobiliario. La Superintendencia suscitó la intervención para proteger los intereses de los afectados.

El superintendente Billy Escobar Pérez advirtió a la ciudadanía del peligro que conllevan estas inversiones. Señaló que “los inversionistas deben verificar licencias y la existencia de fiducias que garanticen la seguridad de los recursos”. Además, Escobar Pérez hizo un llamado a denunciar cualquier esquema de captación ilegal con el fin de prevenir fraudes y proteger los ahorros.

Este solo es un caso más de los constantes que se vienen presentando en Colombia desde hace varios años. El 28 de agosto de 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó a la sociedad Portus Capital S.A., cuyo representante legal es el señor Alexander Guzmán Restrepo, suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dinero del público.

La decisión fue adoptada por medio de la Resolución 1491 del 26 de julio de 2024, luego de que la Superintendencia evidenció publicaciones en redes sociales e información de fuentes abiertas sobre la existencia de un sitio web y cuentas de Facebook e Instagram con piezas gráficas de la mencionada sociedad en las que promociona diversas ofertas de inversión, sin brindar mayores detalles al respecto, así como información aportada por personas que accedieron a tales ofertas.

Al ser requerido por este organismo de control, el representante legal de la compañía dio respuesta parcial, en la que afirmó que su modelo de negocio se basaba en inversiones en obras civiles privadas o públicas como contratistas o financiador de éstas.

Sin embargo, durante la inspección hecha, la Superfinanciera evidenció que Portus Capital S.A. suscribió al menos 47 contratos de “causación, adquisición y dividendos accionarios” y otros de “adquisición de acciones propias”, con los que adquirió obligaciones con 38 personas para devolverles $2.456.775.614 por concepto de capital y rentabilidades descritas en el último contrato.

Mediante este esquema, el capital entregado a la sociedad sería devuelto a los 13 meses con el compromiso de reconocer una rentabilidad mensual de entre el 10% y el 17% sobre la suma inicial, sin que se demostrara la realización de actividades económicas por parte de Portus Capital S.A. que permitieran conocer el origen de recursos para el pago prometido a los inversionistas.

La Superintendencia Financiera de Colombia remitió copia de la resolución y del expediente respectivo a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación para que adelanten las actuaciones que correspondan de acuerdo con sus competencias.