Más de 40.000 personas de Quibdó, la capital del departamento del Chocó en Colombia, están enfrentando serias restricciones a su libertad de movimiento, impuestas por grupos armados no estatales bajo la forma de toques de queda, según informó el Equipo Humanitario País, compuesto por agencias de la ONU y otras ONG internacionales.
Quibdó figura como el tercer municipio con la mayor tasa de homicidios en Colombia, superando en cinco veces la tasa nacional media de homicidios por cada cien mil habitantes. Con corte al 17 de septiembre, la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 14 y 25 años, reveló el Equipo Humanitario País.
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El conflicto en la capital chocoana ha escalado debido a las disputas entre bandas delincuenciales y el Clan del Golfo, información confirmada por el Gobierno nacional. Estos enfrentamientos buscan el control territorial y han aumentado las amenazas y estigmatización de los habitantes, quienes en muchos casos enfrentan violencias basadas en género y violencia sexual.
La situación de este sector del país ha generado temor entre los residentes, quienes limitan sus actividades y desplazamientos en franjas horarias, de acuerdo con la documentación del Equipo Humanitario País: “El EHP ha documentado restricciones al derecho a la libertad de movimiento afectando a más de 40.000 personas debido a toques de queda impuestos por los actores armados no estatales en horarios comprendidos entre las seis de la tarde (6:00 p. m.) hasta las cinco de la mañana (5:00 a. m.) en los barrios de la zona norte y sur de la ciudad. Esta situación ha desencadenado temor generalizado, lo que conlleva a que gran parte de la población urbana restrinja su movilidad en estos horarios ante el temor de ser víctimas de ataques con artefactos explosivos y/o extorsiones financieras perpetradas por los actores armados no estatales”.
Entre las consecuencias más graves se encuentra el impacto negativo en la salud mental de la población, así como un incremento en el riesgo de reclutamiento y utilización de menores de 18 años por parte de los actores armados. “Asimismo, se ha incrementado el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños y niñas menores de 18 años. La población civil también afronta estigmatización y en algunos casos, amenazas directas por presunción de vínculos con algún actor involucrado en el conflicto. Dichos riesgos también se han extendido a personas defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de homicidios”, señala el comunicado emitido por la organización.
Las agencias de la ONU alertan, además de la crisis humanitaria, sobre el peligro para los defensores de derechos humanos en la región, quienes han sido objeto de amenazas y homicidios. Esta dinámica ha llevado a un estado de vulnerabilidad y crisis continua, dificultando la provisión de servicios básicos y protección para la población.
En medio de esta delicada situación, la respuesta internacional y nacional tiene como reto prioritario reducir la violencia y brindar seguridad para restituir los derechos fundamentales de las personas afectadas en Quibdó y sus alrededores. El panorama complejo exige acciones coordinadas para enfrentar la crisis y proteger a los más vulnerables.
En este contexto, es preciso mencionar que en días recientes la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, anunció que tropas del Ejército Nacional vigilarán la zona urbana de la ciudad ante la oleada de violencia que viene perpetrando el Clan del Golfo: “Vamos a recibir un aumento de pie de fuerza en más de 120 hombres por parte de la Policía y más de 160 hombres, por parte del Ejército, desplegando en toda la ciudad de Quibdó, en el centro, y en los barrios, como en cada una de las tribunas una acción conjunta”, aseguró la funcionaria para RCN Radio.