Ni a golpes, ni incinerando sus pertenencias. Una comerciante, víctima de la delincuencia en Medellín, decidió ejercer justicia por mano propia de otra manera, luego de que una mujer de la tercera edad ingresara en su negocio e intentara llevarse varias prendas a escondidas.
Apegándose a la Ley, tras descubrirla robando, decidió retenerla y, cuando las autoridades se presentaron para conducirla a la estación, sacó su teléfono y grabó un video en el que le dio una lección, a punta de reflexiones.
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“La voy a grabar y la voy a compartir en redes sociales para que no le queden ganas de volver a robar en el centro de Medellín, porque todos somos comerciantes, honestos y humildes. Pero millonarios no somos, entonces, si usted también tiene sus necesidades de todos los días, trabaje. Ojalá la reconozcan y no la dejen entrar a ningún almacén ya”.
Su llamado, a modo de advertencia, fue para otros negocios, a los que sugirió grabarse el rostro de la ladrona y no dejarla entrar, para evitar problemas.
Lo que, lejos de pasar por alto, la afectó notablemente, pues, en medio de la diatriba, sus ojos comenzaron a empañarse y tuvo que aguantar las lágrimas durante la grabación, mientras que le avisaban que iba a ser difundida en las redes sociales.
Menos de un 30% de los adultos mayores en Colombia tienen una pensión asegurada:
En Colombia, el 14% de la población está compuesta por personas mayores de 60 años, lo que representaba en 2021 aproximadamente 7.107.914 personas, de las cuales el 55,1% eran mujeres y el 44,9% hombres. Este fenómeno de envejecimiento poblacional está estrechamente relacionado con el nivel de desarrollo social, dado que las regiones menos envejecidas presentan un menor avance en este aspecto.
Durante 2022, el Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital Universitario San Ignacio realizaron una investigación titulada “Colombia: impacto de las crisis actuales en los derechos de las personas mayores”, bajo la convocatoria de la ONG HelpAge Internacional. El estudio, que también abarcó países como Argentina, Etiopía, Filipinas y Yemen, tenía como objetivo analizar el impacto de la crisis alimentaria, financiera y de combustible (3F) en los derechos de los adultos mayores, así como evaluar cómo este grupo y su entorno amortiguaron los efectos de dichas crisis.
Los resultados del estudio se clasificaron en cuatro categorías principales:
Seguridad económica y trabajo:
En 2021, 1,8 millones de personas mayores de 60 años (el 28,4%) se encontraban en situación de pobreza monetaria, según cifras del DANE. Solo el 25,5% de los adultos mayores contaba con una pensión, lo que obligaba a muchos a prolongar su vida laboral en empleos informales y mal remunerados, particularmente en zonas rurales. Las mujeres, en su mayoría, realizaban labores domésticas y de cuidado, tareas que generalmente no recibían remuneración ni reconocimiento.
Apoyos, vivienda y familia:
La mitad de los adultos mayores en Colombia vivían en pareja, mientras que un 22,28% eran viudos. En el 62% de los hogares donde residen, los adultos mayores asumían la jefatura del hogar. El 23,1% recibía algún tipo de aporte monetario de familiares o del gobierno. Si bien el 60% de los adultos mayores en áreas urbanas eran propietarios de sus viviendas, muchos enfrentaban privaciones para poder cubrir los costos de servicios públicos, afectando áreas como la nutrición y la salud.
Salud:
Casi todos los adultos mayores estaban afiliados al sistema de salud, aunque el 50% pertenecía al régimen subsidiado. Las limitaciones económicas y de movilidad dificultaban el acceso a los servicios de salud. Además, un 40% de este grupo padecía al menos una enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, y un 18,7% tenía algún tipo de discapacidad. La pandemia de covid-19 acentuó problemas de salud y aumentó el aislamiento social, pero también generó una mayor visibilidad de este grupo en la sociedad y permitió la priorización en el Plan Nacional de Vacunación.
Participación y entornos:
Factores como la inseguridad, el aumento en los costos de transporte y la discriminación limitaban la participación de los adultos mayores en sus entornos. Además, más de un millón de personas entre 61 y 100 años eran víctimas del conflicto armado interno, lo que afectaba su bienestar. La baja escolaridad, con un 12,93% de adultos mayores sin educación formal y un 47,98% con educación primaria incompleta, sumado al 63,7% que no usaba internet, restringía aún más su acceso a servicios y derechos básicos.
Pese a estos desafíos, el estudio concluyó que Colombia ha avanzado en la protección de los derechos de los adultos mayores, aunque persisten significativas desigualdades.