Ruptura del cese al fuego con el ELN agudizó crisis en seguridad: advierten el aumento de la violencia

En medio de la prolongada confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, la reciente ruptura del cese al fuego situó al país en una situación crítica. Este regreso a las hostilidades suscitó numerosas dudas sobre el futuro del proceso de paz y los peligros que conlleva la intensificación del conflicto. Las tensiones entre ambas partes, caracterizadas por acusaciones recíprocas de incumplimiento y una creciente violencia, suponen una amenaza considerable para la estabilidad en diversas regiones.

Ante esta situación, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) analizó la dinámica fluctuante de las negociaciones, al resaltar además la crisis de credibilidad que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro en este contexto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El proceso de diálogo entre el ELN y el Gobierno ha tenido una trayectoria accidentada, con episodios de avances seguidos de retrocesos significativos. La historia de las negociaciones se caracteriza por la dificultad de alcanzar acuerdos duraderos, exacerbada por posturas divergentes que han generado una creciente desconfianza. En este sentido, la ruptura del cese al fuego en agosto de 2024 fue un punto crítico, impulsando a ambas partes hacia una espiral de violencia que afecta tanto a la fuerza pública como a la población civil en regiones clave como el Catatumbo, Cauca y Arauca.

Uno de los puntos clave en la actual crisis fue la creación del Fondo Multidonante, cuyo propósito era financiar el desarme y la transformación del ELN. No obstante, según Antonio García, comandante del grupo insurgente, el Gobierno incumplió con los compromisos adquiridos, lo que motivó la reactivación de las operaciones militares del grupo guerrillero.

Este desacuerdo fue interpretado por la guerrilla como una imposición unilateral, lo que vulnera los principios de bilateralidad en una negociación. Esta percepción ha contribuido a que el ELN retome su actividad armada como una forma de presionar al Gobierno y demostrar su capacidad de desafiar al Estado.

El aumento de la violencia en agosto de 2024, tras la suspensión del cese al fuego, confirma esta tendencia. Según datos proporcionados por Pares, los enfrentamientos armados y los ataques a la fuerza pública incrementaron de manera notable en las zonas más afectadas por la actividad del ELN.

Este repunte de la violencia es particularmente preocupante, pues no solo ha afectado a las tropas del Ejército y la Policía, sino a la población civil, que ha sufrido los embates de las acciones insurgentes, como los paros armados y las agresiones directas en territorios estratégicos para la guerrilla.

La intensificación del conflicto plantea varios desafíos en términos de seguridad y gobernabilidad. En los últimos días de agosto y principios de septiembre, surgieron críticas hacia las Fuerzas Militares por no haber anticipado ni contenido los ataques del ELN, lo que provocó dudas sobre la efectividad de los mecanismos de inteligencia y prevención de la violencia. Esta situación trajo a colación antecedentes preocupantes, como los atentados en grandes ciudades perpetrados por el grupo insurgente tras rompimientos de treguas anteriores, en 2018 y 2019, lo que refuerza los temores de que el grupo insurgente podría recurrir nuevamente a ataques en zonas urbanas.

De acuerdo con el análisis de Pares, en el ámbito político, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su negativa a aceptar imposiciones por parte del ELN, destacando la necesidad de un proceso de paz que respete los principios del Estado y no ceda a las presiones insurgentes. En este contexto, figuras clave como el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reiteraron que el Ejecutivo mantendrá el control del proceso y no tolerará ultimátums de la guerrilla. No obstante, esta postura dificultó la conciliación de intereses entre ambos actores, lo que congelaron las negociaciones y provocaron una nueva oleada de violencia en el país.

Uno de los elementos que añade complejidad a esta situación es el debate en torno a la reforma de la política de ‘Paz Total’, que está siendo impulsada por el Gobierno como una forma de estructurar las negociaciones con grupos armados. Este borrador, que modifica el Decreto 1081 de 2015, busca establecer una diferenciación entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (Gaoml), como el ELN, y otros grupos que serán sometidos a la justicia, como los Grupos Armados Organizados (GAO).

Sin embargo, esta reforma provocó controversia, ya que el ELN rechazó en repetidas ocasiones ser considerado un grupo criminal, insistiendo en su estatus de grupo insurgente y reivindicando su derecho a la rebelión.

La reforma propuesta busca, entre otros objetivos, sentar las bases para un diálogo más estructurado con los grupos armados con fines políticos, diferenciándolos de aquellos que operan como organizaciones criminales. No obstante, la aceptación de este marco por parte del ELN sigue siendo incierta, pues sus líderes señalan que cualquier intento de equiparar al grupo con estructuras criminales podría entorpecer las conversaciones y aumentar la violencia.

De esta manera, la fundación Pares documentó cómo el ELN incrementó su presencia en zonas estratégicas, utilizando tácticas que buscan desestabilizar la gobernabilidad local y presionar a las comunidades para consolidar su control territorial. Los ataques a la fuerza pública y a la población civil evidencian la capacidad del grupo guerrillero para llevar a cabo operaciones coordinadas en diferentes puntos del país, lo que supone un desafío considerable para el Estado colombiano en su intento de contener la violencia y avanzar hacia la paz.

Como conclusión de Pares, el futuro del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN es incierto, y depende en gran medida de la capacidad de ambas partes para superar la desconfianza mutua y establecer un marco de negociación equilibrado. Mientras tanto, la escalada de la violencia y la falta de un acuerdo concreto entre las partes amenazan con perpetuar un ciclo de confrontación que afecta gravemente a las regiones más vulnerables del país. La reanudación del diálogo será clave para evitar una mayor desestabilización, pero ello requiere un compromiso real de ambas partes para avanzar hacia una paz duradera.