Ricardo Roa fue ratificado por la junta directiva como el presidente de Ecopetrol

La junta directiva de Ecopetrol ratificó a Ricardo Roa como presidente de la compañía, en medio de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta violación de los topes establecidos en la campaña Petro Presidente, en la cual Roa fue el gerente.

La continuación del funcionario al mando de la petrolera llegó en un momento en el que varios sectores políticos y económicos pidieron su destitución. Las principales críticas en contra de Roa se debe a su desempeño y dirección estratégica al mando de Ecopetrol.

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En el segundo trimestre de 2024, la compañía reportó utilidades por $3,4 billones, lo que significa, según los expertos, una caída del 17,4% en comparación con el periodo de 2023.

Sin embargo, se produjeron 758 mil barriles de petróleo por día, es decir, un aumento del 30,2% respecto al mismo trimestre de 2023; mientras que los volúmenes transportados fueron de 1,1 millones de barriles por día, lo que significa un aumento del 54,7%.

“El Grupo Ecopetrol enfrentó un entorno desafiante, que sigue impactado por diversas variables exógenas, como la revaluación del peso colombiano y las presiones inflacionarias”, indicó Roa.

Entre los principales objetivos que tiene el funcionario es avanzar en una de las promesas del Gobierno de Gustavo Petro: la transición energética y la diversificación de la matriz energética que actualmente tiene el territorio nacional.

En Colombia también se destaca las mejoras en la perforación de los pozos Castilla, Acacías, Caño Sur, Rubiales y Permian, mediante la implementación de nuevas tecnologías y diversas iniciativas de optimización en el diseño e ingeniería. Además, se incluye el uso eficiente de materiales en bodega, lo que se relaciona con la economía circular que promueve la sostenibilidad por medio de la reutilización y optimización de recursos.

La abogada y periodista Diana Saray Giraldo precisó en el programa 6 AM de Caracol Radio que la oficina de prensa fue quien confirmó la noticia de que Ricardo Roa siguiera en la presidencia de Ecopetrol, resaltando que la junta directiva nunca tocó el tema de Ricardo Roa.

A diferencia del presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa no tiene fuero, razón por la cual los resultados de la investigación por el CNE podría considerarse como un delito penal, medida que se estableció en 2017.

El Consejo Nacional Electoral iba a definir el lunes 16 de septiembre si formulaba cargos en contra de la campaña de Gustavo Petro, sin embargo, se aplazó la discusión porque la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al presidente Gustavo Petro, pidió la rotación del expediente de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, debido a que estuvo incapacitada varios días.

De acuerdo con el expediente, la campaña presidencial de Gustavo Petro habría violado los topes de campaña en más de 5.000 millones de pesos, que según el artículo 109 de la Constitución Política, contempla una sanción “con pérdida de investidura o del cargo”.

La investigación señala que se evidenciaron irregularidades en el avión que transportó al entonces candidato Petro, ya que se habrían ocultado facturas electrónicas. Además, se detectó una posible relación con la captadora ilegal DailyCop, que habría financiado los citados vuelos del presidente Petro en diferentes regiones del país.

La investigación también detalla que habría “suficiente material probatorio”, que confirmaría que la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aportaron a la campaña, algo que está prohibido por la ley.

El pago a testigos electorales para la segunda vuelta presidencial, que enfrentó a Gustavo Petro y al fallecido Rodolfo Hernández, también habría sobrepasado los topes electorales. Daniel Coronell publicó una columna de opinión donde dejaría ver el sobrepaso de pagos de la campaña.

El abogado de Gustavo Petro, Héctor Carvajal, en entrevista con Blu Radio indicó que no reconocerán la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral. “Nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”, indicó.