Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a abogada del Ministerio de Justicia: este sería el motivo

El Ministerio Público confirmó la falsificación de documentos de grado presentados por la supuesta abogada identificada como María Constanza Zuleta Obando. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación decidió destituirla e inhabilitarla por 12 años para ejercer cargos públicos. Este fallo surge tras identificar que la exfuncionaria utilizó títulos falsos para ocupar su posición en el Ministerio de Justicia y del Derecho.

“La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a la exprofesional especializada de la oficina de asesora jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, María Constanza Zuleta Obando, por posesionarse y permanecer en el cargo con documentación falsa”, menciona el Ministerio Público en un comunicado.

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De acuerdo con la Procuraduría, Zuleta Obando presentó un diploma y un acta de grado supuestamente emitidos por la Universidad Antonio Nariño, junto con otros documentos como una hoja de vida de la Función Pública y un certificado de antecedentes disciplinarios. Sin embargo, una investigación reveló que estos documentos no correspondían a la realidad.

“En fallo de primera instancia, la autoridad disciplinaria verificó que la disciplinada suministró al ministerio título de abogada de la Universidad Antonio Nariño, acta de grado, formato de hoja de vida de la Función Pública y certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura para su vinculación”, se lee textualmente en la misiva.

La investigación realizada por las autoridades disciplinarias del Ministerio encontró que la exfuncionaria nunca completó los semestres requeridos en el plan de estudios de la carrera de Derecho. Si bien hubo una inscripción inicial en la facultad, no hubo continuidad en los estudios. Cabe mencionar que esta constatación fue posible gracias a la información proporcionada por la Universidad Antonio Nariño, la cual fue determinante en el proceso.

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la conducta de Zuleta Obando como gravísima, actuada con dolo. La sanción incluye tanto la destitución de su cargo como la inhabilitación por 12 años para ejercer funciones públicas.

De igual manera, el ente de control recalcó la gravedad de la falta, señalando que el uso de documentación falsa para acceder a un cargo público representa no solo un engaño al sistema, sino también una vulneración de la confianza depositada por la ciudadanía en los servidores públicos. Este caso evidencia la importancia de los mecanismos de control y verificación en la administración pública para evitar que situaciones similares comprometan la transparencia y la ética en el servicio público. La decisión tomada por la Procuraduría envía un mensaje claro sobre las consecuencias de este tipo de actuaciones fraudulentas en el sector público colombiano.

En un caso paralelo, el concejal de Piedecuesta, Santander, Octavio Cárdenas Almeida, fue destituido y se le inhabilitó por 13 años para ejercer funciones públicas tras numerosos incidentes, según informó la Procuraduría General de la Nación. La decisión se basa en un hecho ocurrido los días 26 y 27 de junio de 2021, cuando Cárdenas, en un estado de alta alteración, se involucró en una riña en un establecimiento público a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

De acuerdo con el ente de control, Cárdenas fue llevado a una estación de policía, donde utilizó su posición de servidor público en un intento de evadir las sanciones. Durante el procedimiento, el concejal hizo uso de amenazas y expresó su identidad con la frase “¿Usted no sabe quién soy yo?”, buscando obtener su libertad y evitar comparendos. La Procuraduría confirmó que en medio de gritos, Cárdenas demandó la presencia del personero municipal al considerar que sus derechos estaban siendo vulnerados y amenazó a los uniformados con traslados, evidenciando un claro abuso de autoridad en beneficio propio.

El fallo de primera instancia de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga calificó la conducta de Cárdenas como gravísima a título de dolo, estableciendo un precedente sobre el uso indebido de cargos públicos para fines personales. La Procuraduría ratificó que el abuso de autoridad y el uso indebido de la posición pública para evitar sanciones son conductas inaceptables y merecen las sanciones más severas.