Piden endurecer controles contra el transporte informal, qué dice la ley

En un comunicado, la Superintendencia de Transporte reafirmó su preocupación por la resistencia que algunas autoridades locales mostraron al implementar las normativas vigentes sobre la prestación informal de servicios de transporte. La entidad señaló que esta situación pone en riesgo el cumplimiento de las leyes nacionales y debilita los controles necesarios para regular el sector.

Uno de los aspectos que más preocupa a la Superintendencia es la falta de voluntad de algunas autoridades para aplicar las leyes 336 de 1996 y 769 de 2002, que establecen claramente que solo las personas y vehículos autorizados pueden prestar servicios de transporte en el país. Según el organismo, la falta de rigor en la aplicación de estas normativas facilitó la proliferación del transporte informal, generando conflictos con los operadores legales y poniendo en peligro a los usuarios.

La entidad reiteró que las sanciones para quienes ofrezcan este servicio de manera no autorizada incluyen la inmovilización del vehículo, una medida establecida en el artículo 49 de la Ley 336. Específicamente, se refirió a la creciente problemática en el uso de vehículos particulares en actividades como el transporte escolar y turístico, áreas donde se registraron numerosas infracciones por la falta de cumplimiento de la regulación vigente.

El llamado de la Superintendencia busca que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y actúen conforme a lo estipulado en las leyes, evitando con esto la necesidad de imponer sanciones más severas. La entidad también destacó la importancia de una vigilancia constante sobre el sector transporte para garantizar que las actividades relacionadas con este servicio esencial se realicen dentro del marco legal establecido.

En el contexto del debate sobre la prestación informal del transporte, la Superintendencia aclaró que no existe confusión sobre la aplicación de las leyes mencionadas. Ambas normativas, aunque promulgadas en diferentes momentos, son complementarias y tienen como objetivo regular y proteger el servicio de transporte en Colombia. En este sentido, cualquier vehículo particular que opere sin la debida autorización queda sujeto a las sanciones correspondientes.

Finalmente, el comunicado señaló que el transporte es una actividad fundamental para el desarrollo del país y debe gestionarse bajo parámetros legales y organizados, no solo para proteger a los prestadores del servicio que operan de manera formal, también para salvaguardar la seguridad de los usuarios. La Superintendencia de Transporte concluyó que espera que las autoridades locales fortalezcan sus esfuerzos para aplicar las normativas y que, de esta forma, se garantice un transporte más seguro y regulado en todo el territorio nacional.

Si no se toman medidas adecuadas para controlar el transporte informal en Colombia, las implicaciones económicas pueden ser significativas y afectar tanto a los sectores formales del transporte como a la economía en general. En primer lugar, la proliferación del transporte no regulado genera una competencia desleal con los operadores formales, quienes cumplen con las normativas y asumen costos adicionales en términos de impuestos, seguros, mantenimiento y cumplimiento de estándares de seguridad.

Esta situación puede llevar a la reducción de la rentabilidad de los transportistas autorizados, limitando su capacidad de inversión y crecimiento, y potencialmente provocando la pérdida de empleos en el sector. Además, la informalidad tiende a escapar del control fiscal del Estado, lo que implica una disminución en la recaudación de impuestos. Esto genera un déficit en los ingresos públicos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura y los servicios de transporte, afectando el desarrollo económico en general.

Por otro lado, si se refuerzan las medidas de control y se garantiza que todos los actores del sector operen dentro del marco legal, las implicaciones económicas pueden ser positivas. Un sistema de transporte formal y regulado promovería una mayor inversión en el sector, generando un entorno competitivo más equilibrado. Asimismo, la formalización de los prestadores de servicios de transporte contribuiría a aumentar los ingresos fiscales, lo que permitiría al gobierno invertir en mejoras de infraestructura y en la seguridad vial.

Además, un transporte formalizado reduciría los riesgos asociados con la falta de seguros y las malas condiciones de los vehículos informales, mejorando la seguridad de los usuarios y evitando accidentes costosos. Finalmente, una regulación estricta garantizaría un mayor nivel de empleo formal en el sector, con beneficios laborales y acceso a la seguridad social para los trabajadores, contribuyendo al crecimiento económico y social.