La Fiscalía General de la Nación expidió la directriz 0001 de 2024 el pasado 10 de septiembre, en el que estableció nuevas pautas para el tratamiento de la protesta pacífica en Colombia, las críticas no se han hecho esperar desde diferentes sectores políticos.
Incluso, en la mañana del martes 17 de septiembre, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra la Fiscalía, exigiendo a la rama judicial que se ordene el retiro de la directriz que, entre otras, reemplaza el delito de concierto para delinquir por otros de menor penalidad como coautoría.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“He interpuesto una acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación por la expedición de la Directriz 001 de 2024, que vulnera los derechos humanos y lleva a Colombia a un camino de impunidad y caos”, señaló el senador en su cuenta de X.
Sin embargo, la Fiscalía defendió su documento de 25 páginas con el que busca fortalecer el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta social pacífica mediante 33 directrices, por lo que Uribe se mostró preocupado por las implicaciones de estas nuevas pautas.
“Bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los delitos cometidos en manifestaciones como los daños a la propiedad pública, privada, las injurias, las calumnias, incluso la obstrucción de vías no sean investigados ni judicializados”, afirmó el congresista en su cuenta de X.
Además, el senador aseguró que la nueva estrategia de la Fiscalía, que iría en la misma línea del presidente Gustavo Petro para liberar a todos los integrantes de la Primera Línea que fueron arrestados durante el estallido social, daría vía libre a los infiltrados de las manifestaciones para cometer barbaries sin ninguna penalidad.
“Eso significa que los delincuentes que se escudan en el derecho a la protesta pueden cometer cualquier crimen. Más grave aún, al emitir la directriz, la fiscal general está suplantando al Congreso, imponiendo nuevas reglas sobre lo que es un delito y lo que no es, invadiendo las funciones que le corresponde al legislador”, comentó Uribe.
El equipo de Infobae Colombia tuvo acceso a la acción de tutela radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá en el que Miguel Uribe le hizo dos solicitudes expresas a los magistrados. Por un lado, solicitó que la Fiscalía reconozca que falló y vulneró la Constitución al emitir la directriz y, por el otro, que retire de inmediato esas instrucciones enviadas a todos los fiscales del país.
“Se declare que la Directriz 001 de 2024, “Por la cual se reconoce, garantiza y protege el derecho a la protesta social pacífica” ha vulnerado el derecho constitucional fundamental al acceso a la administración de justicia y el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 229 y 29 de la Constitución Política”, indica la acción de tutela.
El documento añade que “como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Fiscalía General de la Nación dejar de aplicar la Directriz 001 de 2024, garantizando que los delitos cometidos durante protestas sociales sean investigados y judicializados de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sin que se afecte el acceso a la justicia y el debido proceso de las víctimas”.
Además, el senador Uribe señaló que, de no eliminar la directriz de la Fiscalía, el ente acusador estaría enviando un mensaje erróneo al país de “que es posible cometer crímenes durante las protestas y no enfrentar las consecuencias legales. La protesta pacífica es un derecho, pero no debe ser utilizada como una justificación para la comisión de delitos”.
Añadió que “básicamente la Fiscalía a través de esta directriz ha decidido renunciar a su mandato constitucional establecido en el artículo 250 de la constitución donde se señala claramente que está obligada a perseguir los crímenes y delitos”