Un día después de advertir que se iría legalmente contra la Fiscalía General de la Nación y la reciente directriz firmada por Luz Adriana Camargo, que establece las nuevas normas para tratar la protesta social en Colombia, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad en la mañana de este martes 17 de septiembre.
Así lo dio a conocer la congresista en sus redes sociales, en donde aseguró que la directiva es “abiertamente inconstitucional” y afecta la interpretación del Código Penal, debilitando así la capacidad del Estado para mantener el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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La parlamentaria señaló que la Constitución reconoce el derecho a protestar de manera pública y pacífica, pero advierte que esto no debe implicar una tolerancia hacia actos de violencia en medio de las protestas.
“Radiqué demanda de nulidad contra el decreto 0001 de 2024 de la Fiscalía General de la Nación y solicitud de suspensión provisional ante ese conjunto de directrices que limitan la acción penal, debilitan la capacidad del Estado para responder ante los disturbios generados en las llamadas protestas”, comentó la senadora.
La acción legal fue radicada por congresista ante el Consejo de Estado. En el documento de más de 16 páginas, Cabal mencionó varios de los presuntos delitos que habrían cometido los manifestantes, especialmente durante el paro nacional en 2021.
Incluso, la senadora del Centro Democrático hizo especial énfasis en el caso de una menor que falleció en una ambulancia en la vía Cali - Buenaventura el pasado 23 de mayo de 2021, después de que varios manifestantes bloquearan el corredor e impidieran el paso del vehículo de emergencia, a pesar de estar prohibido por la ley.
“La bebé entró en código, intentamos reanimarla, pero no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos trasbordo, no podíamos hacerlo debido a que la bebé iba intubada. [...] Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos”, reportó Infobae Colombia en su momento.
Sin embargo, la noticia no toma por sorpresa al ente acusador, pues en la mañana del lunes la congresista ya había revelado sus planes legales para protestar contra la directriz, a pesar de las explicaciones de la Fiscalía sobre el propósito de velar por la “protección del derecho a la protesta social pacífica”, por lo que incluye lineamientos que podrían limitar las sanciones penales por acciones cometidas en el marco de las manifestaciones, como el irrespeto a servidores públicos.
María Fernanda Cabal aseguró en una entrevista con La W que la interpretación del ente investigador es peligrosa. “Esto es tan grave. Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”. Incluso, la senadora acusó a la Fiscalía de debilitar la capacidad del Estado para responder a disturbios graves. Asimismo, advirtió que la directiva estaría legislando e incluso derogando el Código Penal, algo que según ella, es competencia exclusiva del Congreso. “El efecto más grave de todos es que la fiscal está legislando, y quien legisla es el Congreso”, insistió Cabal al medio radial.
La Directiva 001 se ha convertido en un punto de conflicto y debate nacional, no solo por la reacción de los senadores sino también por la respuesta de diferentes sectores de la sociedad. La controversia genera interrogantes sobre hasta qué punto las políticas públicas deben ajustarse para garantizar el derecho a la protesta pacífica sin comprometer el orden público y el cumplimiento de la ley.
La preocupación de los críticos de esta directiva radica en que, al suavizar las consecuencias penales de ciertas acciones durante las protestas, se podría sendar un precedente que favorezca el descontrol y la violencia en manifestaciones futuras. “Aquí no va a haber forma de contener a los vándalos”, subrayó Cabal, de acuerdo a La W.