Colpensiones en la mira: Miguel Uribe denuncia “engaños” a pensionados para asistir a la marcha a favor de Petro

En una reciente declaración, el senador Miguel Uribe, perteneciente al partido de derecha Centro Democrático, acusó a Colpensiones, entidad pública encargada de gestionar el sistema de pensiones en Colombia, de engañar a los pensionados para que participen en una marcha de apoyo al Gobierno del presidente Gustavo Petro, programada para el 19 de septiembre.

Tras revelarse que varias organizaciones sindicales, como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se sumarían a las marchas convocadas por congresistas afines al presidente Petro y su Gobierno, surgió preocupación por la forma en que se estaba invitando a la ciudadanía a participar en dichas manifestaciones, lo que dio lugar a la denuncia presentada por un congresista de la oposición.

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De acuerdo con la alerta, el congresista compartió en su cuenta de X la captura de pantalla de un mensaje de texto enviado por la entidad a sus afiliados, que, según él, encubre una movilización política bajo el pretexto de una celebración del “Día de las Personas Mayores”.

El mensaje enviado por la unidad decía textualmente: “Colpensiones te invita a conmemorar el día de las personas mayores con música y bienestar el jueves 19 de septiembre a las 10 a.m. Regístrate en (...)”. Este texto fue presentado por Miguel Uribe como prueba de que la entidad estatal está utilizando recursos públicos para movilizar a los pensionados con fines políticos.

“Colpensiones está engañando a los pensionados y utiliza los impuestos para financiar una marcha política (...) ¡No más engaños!”, afirmó el senador. Según el congresista, el evento descrito como una celebración es, en realidad, una manifestación para respaldar la reforma pensional propuesta por el Gobierno de Petro.

La alerta del senador generó una avalancha de reacciones tanto a favor como en contra. Algunos comentarios en su publicación señalaron que el presidente se ha distinguido por manipular a la ciudadanía en lugar de ganarse su respeto a través de sus acciones. Sin embargo, otros usuarios argumentaron que se trataba de meras coincidencias y que la participación no era obligatoria, negando que se estuviera intentando influir en los afiliados de la entidad para asegurar su asistencia.

La marcha del 19 de septiembre fue convocada por las centrales obreras y cuenta con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico, coalición que llevó al presidente Petro al poder. En una rueda de prensa, el representante David Racero, destacado miembro del petrismo en el Congreso, llamó a la ciudadanía a participar en la movilización: “Invitamos a todo el pueblo colombiano a salir a las calles el próximo jueves, 19 de septiembre, a defender la reforma pensional”.

La marcha busca defender la reforma pensional que enfrenta 100 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, promovidas por sectores que, según el comunicado de la bancada oficialista, buscan mantener un sistema pensional que favorece a una minoría. Además, los congresistas aliados del Gobierno aprovecharán la ocasión para manifestar su oposición a lo que describieron como “intentos de golpe de Estado” contra de la administración de Petro, una narrativa que el presidente impulsa en respuesta a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación de su campaña.

La movilización también está en medio de un contexto de tensiones políticas crecientes. El presidente sostiene que existe un plan en marcha para desestabilizar su Gobierno, una afirmación que ha reiterado en diversas ocasiones. La Asamblea Nacional Popular, celebrada el fin de semana, fue utilizada por el jefe de Estado y sus aliados para reforzar el llamado a la movilización y proteger su administración frente a lo que consideran intentos de golpe.

De esta manera, el senador Miguel Uribe Turbay cuestionó la legitimidad de la marcha del 19 de septiembre, acusando al Gobierno de manipular a los pensionados y de usar recursos estatales para fines partidistas.