Petro autorizó una mesa de diálogo de paz con el grupo armado Comuneros del Sur del ELN: estos son los detalles

En un nuevo movimiento hacia la consolidación de la paz en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, autorizó la instalación de una mesa de diálogos de paz con el grupo armado organizado al margen de la ley autodenominado Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta decisión fue formalizada a través de la resolución número 369 de 2024, emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El documento oficial establece que la mesa de diálogo tiene como objetivo principal buscar soluciones al conflicto armado en la región y avanzar en la construcción de un proceso que respete los derechos humanos, implemente el derecho internacional humanitario y promueva el cese de las hostilidades que han afectado durante décadas a las comunidades civiles.

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En la resolución se lee que la mesa estará orientada a “obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades y afectaciones a la población civil y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización y el tránsito a la paz del grupo armado en mención”.

Este paso representa la continuación de la política de Paz Total que promueve Petro desde el inicio de su administración, en un esfuerzo por desarmar a los múltiples grupos armados que operan en el país. Anteriormente, el Gobierno ya había iniciado diálogos con facciones de las Autodefensas Gaitanistas y otros actores del conflicto, siempre bajo el principio de alcanzar acuerdos que beneficien a las poblaciones más afectadas por la violencia.

Este grupo, bajo el liderazgo de Gabriel Yepes Mejía, alias HH o Gustavo, estuvo involucrado en actividades ilícitas significativas, como narcotráfico, extorsión y explotación de recursos mineros. En los últimos cinco años, de acuerdo con un informe de la revista Cambio, estas actividades permitieron al grupo consolidar sus finanzas y fortalecer sus redes logísticas, así como mejorar su equipo bélico y establecer un control territorial más firme.

La estructura del grupo incluye tres compañías principales: Jaime Toño Obando, dirigida por Jorge Wilfredo Rosero Marín, alias Fercho; José Luis Cabrera, bajo el mando de Oliverio Orfilio Paí Rodríguez, alias Rubén; y Elder Santos, que sigue las órdenes de Segundo Andrés Obregón Obando, alias Camilo Pantaloneta. La fuerza estimada de este frente es de aproximadamente 100 combatientes y 40 colaboradores en redes de apoyo.

Algo que despertó interés fue la representación del Gobierno nacional en este diálogo, que estará en manos de Carlos Augusto Erazo Murcia, conocido en los años 80 bajo los alias de Nicolás o Padremío. Este hombre fue una figura clave en el movimiento guerrillero del M-19, donde fue comandante durante el periodo en que Gustavo Petro también militaba en la organización. Durante esa época, Erazo ejercía como jefe en el Tolima, un bastión estratégico del grupo insurgente.

La resolución especifica que Erazo está “facultado para realizar los actos tendientes a desarrollar diálogos para pactar acuerdos de paz con el propósito de finalizar el conflicto armado interno y transitar hacia la paz, con sujeción a las instrucciones que le imparta el Presidente de la República, y en el ámbito de las competencias exclusivas establecidas en el parágrafo 8 del artículo 8 y el artículo 10 de la Ley 418 de 1997 (sic)″.

Además, el Gobierno designó a cuatro representantes adicionales para participar en la mesa de diálogos de paz: Ángela María Robledo Gómez, excongresista; Andrei Giovani Gómez Suárez, cofundador de Rodeemos el Diálogo y columnista de ¡Pacifista!; Clemencia Carabalí Rodallega, reconocida lideresa social; y Pablo Francisco Pardo Velasco, exgerente de la campaña presidencial de Petro en Nariño.

Estos individuos integrarán el equipo de negociadores que llevará a cabo las conversaciones con el grupo Comuneros del Sur, una decisión que ya está generando un gran escándalo en el Gobierno nacional.

A continuación, se presenta el contenido de la resolución: