Colombia definió el equipo legal que representará al país en la disputa contra los cazatesoros que se quieren quedar con el galeón San José

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) anunció que la firma Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes (GBS Disputes), en asocio con Xtrategy LLP (Xtrategy), será la encargada de defender a Colombia en la disputa por el patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, embarcación española que naufragó en la batalla de Barú en 1708, cerca a Cartagena de Indias, y que fue hallada en 2015, en el caso del juicio contra el cazatesoros estadounidense Sea Search Armada LLC en el tribunal de arbitramento internacional.

A través de un comunicado, la Andje señaló que este proceso de selección contó con la invitación a 55 firmas internacionales, de los cuales, solo 18 presentaron propuestas de representación. “La Agencia ha decidido confiar en este equipo de abogados altamente calificado para enfrentar la defensa del patrimonio cultural sumergido del país”, señaló la entidad en la misiva.

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El equipo jurídico que defenderá los intereses de Colombia será liderado por la abogada Yas Banifatemi, socia en GBS Disputes y una de las más influyentes en el campo del arbitraje internacional, que estará acompañada de la jurista colombiana Ximena Herrera, integrante de la lista de árbitros de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

“Por parte de Xtrategy LLP, el trabajo estará liderado por el colombiano José Antonio Rivas, una autoridad en arbitraje de inversión, quien fue clave en las victorias previas de Colombia en los litigios contra Sea Search Armada en Estados Unidos en 2010 y 2011″, resaltó la agencia del Estado en el comunicado.

De igual manera, la Andje mencionó que “este equipo externo colaborará estrechamente con la Agencia, bajo un modelo híbrido de participación, trabajando en conjunto con los abogados internos de la Agencia y equipos técnicos especializados de entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia (Icanh), la Dirección General Marítima y la Armada Nacional”.

Por su parte, el director general de la Agencia, César Palomino Cortés, precisó que “este enfoque busca asegurar una defensa jurídica sólida y basada en un conocimiento amplio y robusto profundo de las disciplinas científicas involucradas en esta controversia”.

La disputa internacional entre el Estado Colombiano y los cazatesoros estadounidenses Sea Search Armada LLC comenzó en 2015, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de patrimonios de la embarcación sumergida en la Guerra de Sucesión Española en el siglo 18.

Tras esto, la empresa norteamericana mencionó que, antes del descubrimiento en 2015, en la década de los ochenta habían descubierto los bienes ocultos en el navío sumergido en aguas de Cartagena.

Sin embargo, denuncian que Colombia no había reconocido los derechos adquiridos por los exploradores, sino que declaró al navío como bien interés cultural de la Nación, lo que produjo que la empresa internacional fuera apartada de recibir cualquier reconocimiento, por lo que solicitaron una indemnización de 40 billones de pesos colombianos, al considerar que hubo una expropiación de sus derechos por el galeón.

No obstante, la solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente a este caso, señaló que en ningún momento se le reconoció a Gloca Morra Company, nombre anterior de la empresa, un derecho económico sobre el navío, y ha señalado que ningún inversionista puede pretender derechos sobre algo que no tiene un reconocimiento del ordenamiento jurídico de dicho Estado.

“El valor estimado de las pretensiones en la solicitud de arbitraje es de US$10.000 millones de dólares. Se trata de las pretensiones más altas presentadas contra Colombia en el marco de un arbitraje internacional de inversión”, mencionó la Andje en su momento.

Aunque en 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó que la empresa cazatesoros norteamericana poseía derechos sobre el 50 por ciento del tesoro que había descubierto, el Ministerio de Cultura, en 2020, emitió una resolución que declaraba al galeón San Jose como un Bien de Interés Cultural de la Nación, y no un tesoro, como señalaba el concepto del alto tribunal.