Presupuesto que quiere Petro para 2025 no alcanzaría para cubrir todos los gastos del Gobierno: expertos dan las razones

Las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes devolvieron al Gobierno el monto de la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, que es de $523 billones, de acuerdo a lo solicitado por el Gobierno de Gustavo Petro. La razón, el desfinanciamiento de $12 billones que tendría, debido a que estos se recaudarían por medio de la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, la cual no se sabe si saldrá adelante en el Congreso de la República.

La posible solución que tiene el Gobierno es que expida un decreto antes del 28 de octubre de 2024, cuando se cumple la fecha límite para hacerlo, teniendo en cuenta que las comisiones están renuentes al monto. Sin embargo, esto podría causar efectos negativos al bolsillo de los colombianos.

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Al respecto, hay muchas dudas. Una de ellas es que, si sale por decreto, ¿podría Petro aumentar el monto en dicha nueva norma?

Sobre esto, la profesora del Departamento de Economía de la Universidad de la Sabana Martha Misas Arango, magíster en estadística aplicada con énfasis en econometría y series de tiempo y el profesor del Departamento de Finanzas de la misma institución Wilson Rodríguez Gómez, administrador con magíster en ciencias económicas explicaron las implicaciones.

Dejaron claro que, según la Constitución Política colombiana, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 15 de septiembre, el presidente puede emitirlo por decreto, pero solo puede utilizar el monto propuesto inicialmente.

“No puede aumentar el presupuesto más allá de lo presentado al Congreso, lo que implica que el presupuesto que regiría sería el de $523 billones. Sin embargo, el presidente tiene margen para ajustar la distribución interna del presupuesto, dentro del monto establecido”, dijeron.

Advirtieron que, si bien el presidente puede firmar el presupuesto por decreto, “esta medida no soluciona el problema de fondo, ya que, en la práctica, se aprobaría un presupuesto que no está completamente financiado”.

Asimismo, puntualizaron, que el proyecto de presupuesto para 2025 presenta una desfinanciación estimada en torno a los $12 billones, lo que significa que los ingresos proyectados no cubrirán todos los gastos. “Esto podría llevar a que, durante el próximo año, el Gobierno tenga que realizar ajustes similares a los que ya tuvo que implementar en 2024″, remarcaron.

La polémica también está en que el Gobierno quiere más dinero cuando en 2023 se dejaron de ejecutar $50 billones. Otro ejemplo de esto es el Ministerio de la Igualdad que no llegó a ejecutar el 90%.

Sobre ese dinero, las dudas están en por qué ese dinero no se emplea en cubrir otras necesidades o qué pasa con esos recursos.

Frente a ello, los expertos respondieron que el dinero no ejecutado por un ministerio, generalmente, no puede ser transferido de manera directa a otras áreas sin pasar por un proceso legislativo o administrativo que lo autorice. De igual manera, los presupuestos públicos están aprobados bajo criterios específicos, y los fondos se asignan según la normativa vigente.

Entonces, en el caso de un ministerio que no ejecute su presupuesto, esos recursos suelen ser devueltos al tesoro público, y la ineficiencia de su uso puede influir en futuras asignaciones.

“Este hecho resalta la importancia de mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto antes de considerar aumentos en el mismo”, enfatizaron Misas Arango y Rodríguez Gómez.

Los expertos insistieron que “si se gestionaran de manera más eficaz los recursos ya asignados, el Gobierno podría cubrir muchas de las necesidades actuales sin recurrir a aumentos presupuestales. Esto sugiere que, en lugar de centrarse únicamente en ampliar el presupuesto, sería más prudente optimizar el uso de los fondos disponibles”,