Uno de los hechos más destacados en los últimos días en Bogotá fue el proceso para que la comunidad emberá que se encontraba en el parque nacional, regresará a su territorio en Risaralda, luego de que fueran desplazados por el conflicto armado en Colombia.
Sin embargo, se conoció que la población llegó a un lugar en el que aún no se tenía la infraestructura para instalarse, denuncia hecha por Gerardo Jumi Tapias, representante de la de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en charla con Infobae Colombia.
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El líder indígena también entregó detalles sobre lo que fue dicho proceso con la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno de Gustavo Petro para el retorno, en el que también mencionó casos de discriminación, falta de garantías y más avances en el proceso de paz total.
“Eso es lo que tienen que garantizar”
El grupo de la comunidad emberá que se encontraba en el Parque nacional, fue trasladado desde el domingo 8 de septiembre hacia Risaralda, donde están sus respectivos resguardos, y de donde salieron por problemas de confinamiento, reclutamiento y asesinatos, por parte de grupos armados ilegales.
Gerardo Jumi Tapias explicó que “estos pueblos han sido víctimas y desplazados en Bogotá y otras partes como Cali, Pereira, Armenia, Medellín, Manizales y que el Estado tiene el deber por Ley de retornar a sus territorios con tres condiciones que son voluntariedad, seguridad y no repetición o reubicación si se quiere, si así las condiciones lo exigen, o de reintegración a la ciudad donde se integren, pero con garantías.
“Eso es lo que ellos han estado exigiendo y eso es lo que la Onic acompaña y eso es la que la Confederación Nacional de los Pueblos de la Nación Emberá de Colombia también exige, que cualquier retorno que se haga, es con voluntariedad, con seguridad y no repetición, en condiciones y garantías de reubicación o reintegración a los lugares donde se encuentren, eso es lo que se ha estado siguiendo”, añadió.
Sin embargo, el líder indígena denunció que, a las zonas y resguardos a donde fueron enviados los emberá, no se cuentan con las condiciones suficientes para vivir como colegios, industria agropecuaria y vivienda, exigiendo respuestas a la Unidad de Víctimas: “Dónde tiene esa infraestructura agropecuaria y productiva, la infraestructura educativa, la infraestructura de construcción de vías, las viviendas y si eso está garantizado, han hecho en este gobierno del cambio un trabajo supremamente importante. Si eso falta, entonces eso es lo que tienen que garantizar”.
“Esa es la denuncia de las autoridades de la región. Vengo de la frontera entre Chocó y Risaralda, participaron las autoridades y la denuncia que tenemos es que no hay carretera para el acceso, no hay vivienda construida, no hay infraestructura productiva y agropecuaria para subsistir”, añadió.
Para el representante de la Onic y la Confederación Nacional de los Pueblos de la Nación Emberá, dicha situación podría causar problemas mayores: “Cualquier comunidad necesita alimento mínimo una vez al día, pero lo que cubre el derecho humano es que deben comer tres veces al día, pero si no se come una vez al día ya hay una situación de violación al derecho a la alimentación y eso no está garantizado”.
“Se volvió más importante tener bien cuidado un parque”
El líder indígena explicó también que el retorno de dicha comunidad a sus resguardos no significa que la situación de conflicto armado en la zona se terminó, pues en caso de no haber garantías, se repetiría el desplazamiento hacia Bogotá u otras ciudades: “Ha habido varios momentos de retorno y como en la región no hay garantías de seguridad, hay riesgos. Han tenido que devolverse a las distintas ciudades y entre ellas a Bogotá”.
“Lo que se ha percibido desde la Alcaldía de Bogotá ha sido relativamente bien, pero insuficiente en relación con las garantías y aquí se ha venido construyendo en esta circunstancia, por lo menos para Bogotá, una narrativa de discriminación, de descalificación y de no garantías, eso nos parece absolutamente reprochable”.
El representante de la Onic criticó que, para un sector de la ciudadanía, fue más importante el desalojo del parque nacional que las garantías del pueblo indígena: “Lo que notamos es que había un fresco, un aire de satisfacción porque los embarazos fueron en el Parque Nacional y se fueron de Bogotá. Ahora esperemos cuál es el aire de satisfacción y de garantías que van a mostrar con los indígenas que retornaron al departamento del Chocó y al Alto Andágueda sean atendidos tanto por el Gobierno nacional como por el Distrito de Bogotá”.
“Apoyamos la paz total, pero vemos que hay un fracaso total”
Otro punto que Gerardo Jumi Tapias tocó en entrevista con este medio fue el proceso de paz del Gobierno de Gustavo Petro con los distintos grupos armados, el cual apoya desde la Onic, pero que cuestionó porque las organizaciones ilegales siguen delinquiendo, pese a estar sentadas en las mesas de negociación:
“Nosotros exigimos al Gobierno del cambio que exija, tanto a las fuerzas militares como a los grupos que están en negociación, que acaten el derecho internacional humanitario, que no recluten, que no confinen a las comunidades y que no las desplacen, que no siembren minas antipersona que afectan gravemente la vida de los pueblos indígenas”, dijo.
Según cifras suministradas por el líder indígena, “a través del Observatorio de Derechos Humanos que tiene nuestra organización nacional, hasta la fecha tenemos más de 180.635 personas víctimas del conflicto armado en Colombia y que uno de los principales actores que violentan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la fuerza pública infortunadamente no se queda atrás, se convirtió en un actor después del ELN que está afectando gravemente los derechos”.
“Por ello, nosotros le exigimos al Gobierno de Gustavo Petro que apoyamos la paz total, pero vemos que hay un fracaso total porque no hay acuerdo firmados definitivos, solo hay parciales de voluntades, pero que no se convierte en una protección efectiva a la población civil”, añadió.
Gerardo Jumi Tapias también aclaró que la situación de la población indígena en el conflicto armado viene de mucho tiempo atrás: “En 2018, nuestra organización nacional entregó un informe voluminoso que en 52 años de violencia armada en Colombia, los pueblos indígenas aportaron una cuota lamentable de alrededor de 3.000 personas asesinadas, además de todo tipo de vejámenes, desplazamientos, confinamientos, agresiones, violaciones y agresiones sexuales,
“Entonces cuando estamos denunciando que 180.635 personas han sido violentadas es únicamente hablando o mostrando una cifra desde 2016 al 2024, durante el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc”, finalizó.