La reciente negativa del Congreso de aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación para 2025 ha generado una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), habló en una entrevista con la Revista CAMBIO sobre los desafíos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro para financiar sus programas sociales ante esta situación sin precedentes.
Una negativa histórica
López destacó que el presupuesto para 2025 quedó desfinanciado en 12 billones de pesos, lo cual es crítico para la inversión social. El funcionario explicó que, aunque se habían presentado soluciones en forma de una ley de financiamiento, la oposición ha bloqueado su aprobación, acusando a sectores como Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador de querer elevar el presupuesto a niveles insostenibles. Según López, esto afectaría gravemente a la población más vulnerable.
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“Presentamos el presupuesto desfinanciado y radicamos una ley para cubrir el faltante, pero la oposición está obsesionada con tumbar el techo presupuestal. Si se aprueba, sería devastador para los más pobres,” afirmó.
“Es un golpe de Estado”
Para López, la negativa del Congreso responde a un claro intento de desestabilizar al gobierno de Petro. Considera que detrás de esta acción hay un “golpe de Estado encubierto”, buscando destruir el proyecto político del presidente sin importar las consecuencias para la población. “Creen que al hundir el presupuesto golpean a Petro, pero lo que realmente logran es golpear a los más necesitados del país”, sentenció.
López criticó duramente la actitud de los congresistas que bloquean el presupuesto mientras continúan exigiendo inversiones en sus territorios, algo que calificó como un “juego de doble moral”. Sin embargo, aseguró que el gobierno no cederá a presiones ni chantajes.
Deuda heredada y restricciones fiscales
López también resaltó que parte de la crisis financiera se debe a deudas heredadas de gobiernos anteriores, incluyendo vigencias futuras de las administraciones de Pastrana, Uribe, Santos y Duque. “Estamos pagando más de 43 billones de pesos en deudas del pasado, incluyendo 7.2 billones que se gastaron en salud durante la pandemia. Eso nos ha dejado con poco margen para nuevas inversiones”, explicó.
Además, hizo hincapié en los 10 billones de pesos que el gobierno ha dejado de percibir debido a la decisión de la Corte Constitucional de eliminar una medida clave para recaudar más impuestos de las petroleras y carboneras.
Alternativas para evitar el colapso presupuestal
Con el presupuesto en riesgo y la Ley de Financiamiento en el aire, el gobierno busca alternativas. López mencionó la posibilidad de renegociar vigencias futuras en sectores como transporte y vivienda, así como un acercamiento con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para aplazar algunas obligaciones financieras.
“Tenemos hasta el 20 de octubre para encontrar una salida, pero el panorama no es alentador si el Congreso sigue en la misma línea”, advirtió López.
El director del DNP concluyó que, aunque el gobierno está abierto al diálogo y la concertación, se enfrenta a un bloqueo sistemático que antepone intereses políticos a las necesidades del país.
“Esos 12 billones que nos faltan se usarían en mejoramiento de escuelas, alimentación escolar, financiamiento del deporte, apoyos al ICBF, a la población LGBTI, y a las personas en situación de discapacidad, entre otros. Si no conseguimos la plata también se afectaría parcialmente la renta ciudadana y los subsidios de Colombia Mayor, Jóvenes en Paz, la dotación de hospitales y puestos de salud. Algunos programas quedarían a la mitad y otros tendrían que desaparecer”, añadió López Maya.
Por último, reconoció que el actor político que se equivoca es el Congreso de la República. “El ministro juega un papel muy importante, pero es muy difícil tener éxito si lo que quiere la clase política es defender la corrupción y la muerte. No han pasado casi ninguna reforma. Ellos solo quieren que se mantenga el status quo”. Advirtió que si no hay acuerdo, “se saca por decreto”.