Así elogió Petro al Consejo de Estado, ahora insinúa que conspira contra su Gobierno

Esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió sobre su diatriba de que en el país hay varios sectores que están conspirando para perpetrar un supuesto golpe de Estado en su contra, luego de que el Consejo de Estado respaldara que el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede investigar la campaña política con la llegó a la Casa de Nariño, donde se tienen indicios de una presunta violación de topes en su financiación.

El alto tribunal, a través de su sala de consulta, emitió esa decisión al resolver el conflicto acerca de que si el CNE podía llevar ese proceso, o por el contrario, debía llevarlo a cabo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por el fuero constitucional del jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Esta determinación cayó muy mal en el mandatario que la emprendió en contra del Consejo de Estado el fin de semana pasado y en días recientes, incluso señalando que no tenía efectos legales.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege (sic)”, afirmó en su cuenta oficial de X el sábado 7 de septiembre.

En el mismo trino aseveró que el CNE es una entidad “administrativa y política” que estaba abonando el terreno para su suspensión debido a una “investigación de topes” que comenzó “30 días después de la elección”, cuando según él ya no tenía competencia.

Un día antes también había dicho que se trató de una decisión que carecía de rigurosidad e insistió que no se tenía en cuenta su fuero constitucional.

“Creen que el consejo electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del consejo de estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial (sic)”, afirmó.

Pero no solo eso, en otro pronunciamiento contra el alto tribunal sostuvo que estaba cooptado por el exprocurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, que en 2013 lo suspendió como alcalde de Bogotá bajo el argumento de una emergencia sanitaria en la ciudad por los cambios que hizo en el esquema de recolección de basuras.

“En aquel entonces el Consejo de Estado estubo del lado progresista y respaldó en todo, la la Convención Americana de derechos Humanos CIDH. Esta vez pareciera que volvió a manos de Ordoñez (sic)”, sostuvo en otro trino.

Paradójicamente, hasta mediados de este año Petro los elogiaba por varias decisiones que respaldan a su Gobierno, la más reciente fue donde ese tribunal estableció que el actual rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, podía continuar en su cargo, luego de que negara una solicitud de suspensión provisional dentro de su controversial elección, donde el presidente lo respaldó.

“Muy bien por la Universidad Nacional. Felicitaciones al Consejo de Estado (sic)”, afirmó en X el 18 de julio.

Un mes antes también aplaudió otra de las decisiones de la máxima instancia de la rama judicial en cuestiones administrativas, luego de que ratificara que el excontralor Carlos Felipe Córdoba no podía aspirar a la Procuraduría General de la Nación ya que no contaba con la experiencia necesaria a nivel jurídico.

“Felicito al Consejo de Estado en su sala de consulta por no deteriorar las condiciones para ser magistrado (sic)”, dijo en esa ocasión.

Para entonces surgió un señalamiento en contra del Gobierno Nacional de un supuesto espionaje a los magistrados de la altas cortes, por lo que en esa misma publicación el mandatario conminó a que desmintieran de un supuesto constreñimiento.

“Invito al Consejo de Estado a derrotar el “fake news” que habla de persecución de entidades de inteligencia sobre el poder judicial. Establezcamos los mecanismos concretos para que eso que sucedió en pasados gobiernos, nunca se repita (sic)”, agregó.

Para rematar, a mediados del 2023, en su primer año de gestión felicitó a los magistrados porque tumbó sanciones de la Procuraduría contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, al que hallaron responsable por participación indebida en política al recibir dinero en 2010 dentro del denominado escándalo de Agro Ingreso Seguro, ya que se ajustaba a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano con la que pudo volver a la Alcaldía de Bogotá.

“De nuevo Consejo de Estado tumba destitución de la procuraduría a funcionario de elección popular. Mi presidencia respetará todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son parte de nuestro bloque de constitucionalidad y todas las sentencias de las cortes nacionales(sic)”, trinó en agosto del año pasado.

Con el mismo argumento celebró otra de sus decisiones, donde también declaraba la nulidad de las sanciones de la Procuraduría contra el exsenador Eduardo Merlano, tristemente célebre por negarse a una prueba de alcoholemia en 2012 dentro de un caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, recriminando al policía que lo requirió en un carretera de Barranquilla por su fuero como congresista.

Irónicamente, la semana pasada la Corte Constitucional, en lo que sería un nuevo choque de trenes entre las altas instancias judiciales, dejó sin efectos esos fallos contra los dos exservidores públicos.

Sobre todos esos señalamientos de Petro en contra del alto tribunal, llevaron a que su presidente, el magistrado Milton Chaves, expresara su desconcierto por esa decisión que tomaron y con la que se respaldó que el CNE investigara la campaña Petro Presidente.

“Muy inesperado que el presidente de la República se refiera en esos términos a las decisiones que toma la Justicia en general”, afirmó en una entrevista en Noticias Caracol.

En ese mismo diálogo, el magistrado reiteró que se estaba respetando el fuero del presidente y en un eventual proceso de pérdida de investidura, quien lo llevaría sería la Comisión de Acusaciones.

“El fuero presidencial se respeta. Tan es así que en la decisión claramente se dice, que además es lo que dice la norma, que en caso de que se llegara al extremo de requerirse la pérdida del cargo, es al Congreso de la República a quien le corresponde tomar esa decisión”, insistió.

Mientras que en el informativo Red + Noticias, indicó que la decisión del Consejo de Estado sí tenía efectos, contrario a lo que sostiene el jefe de Estado.

“Es vinculante para estas dos entidades (...) ya saben —porque esa fue la decisión que se tomó— que la competente para hacer la investigación administrativa es el CNE”, recogieron de sus declaraciones.