Procuraduría evalúa revocar la suspensión de proyecto gasífero Uchuva 2: esta es la razón

La Procuraduría General de la Nación ha anunciado su intención de solicitar la revocación de la decisión judicial que suspendió la explotación y exploración de gas en el pozo Uchuva 2, ubicado en Santa Marta. Esta medida busca revertir el fallo del Juzgado IV Laboral del Circuito de Santa Marta, que ha detenido las actividades en este pozo offshore.

Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales y minero energéticos, expresó su preocupación por la suspensión, calificándola como una medida que “impide el desarrollo de uno de los pozos que también era una apuesta de la exploración y explotación costa afuera del Tayrona y que sumado a lo que sucede con el pozo Komodo, nos pone en una situación crítica”, manifestó en diálogo con Noticias Caracol Ahora.

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Guerrero detalló que la Procuraduría está evaluando la posibilidad de intervenir judicialmente en el trámite de impugnación del fallo. “Vamos a solicitar la revocatoria directa”, afirmó, subrayando que la Procuraduría tiene tres funciones principales en este caso: preventiva, disciplinaria e intervención. En este sentido, la intervención permite representar a la sociedad en procesos judiciales o administrativos, lo que justificaría la acción de impugnación del fallo.

El procurador delegado también manifestó una gran preocupación por el impacto de la suspensión en proyectos estratégicos para el país, especialmente en términos de seguridad energética. “El proyecto del pozo Komodo, que cuesta 135 millones de dólares, ha prometido una inversión de 7.000 millones de pesos. En este momento, termina congelada”, comentó al medio citado.

Guerrero subrayó la importancia de los proyectos offshore para la política pública del Gobierno, que ha planteado que la demanda de gas en el país se satisfará a través de estas iniciativas. “Es un proyecto fundamental para desatar otros proyectos de exploración de gas offshore, que además es una apuesta del Gobierno nacional en la política pública”, agregó.

El procurador delegado hizo un llamado a adecuar los trámites administrativos al marco normativo vigente para evitar obstáculos en el desarrollo de proyectos que son cruciales para el Gobierno. Recordó que el propio Gobierno ha decidido no firmar nuevos contratos de exploración y producción ni adelantar proyectos de fracking, enfocándose en optimizar los contratos existentes.

El fallo del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta responde a una acción de tutela interpuesta por Ariel Daniels de Andreis, gobernador de la comunidad indígena de Taganga. La tutela, presentada contra varias entidades, incluyendo la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y las empresas Ecopetrol y Petrobras; buscaba proteger el derecho a la consulta previa de la comunidad local.

El fallo reconoce explícitamente los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Taganga a la consulta previa, al debido proceso, y a la protección de su propiedad intelectual, cultural y medioambiental.

Para garantizar estos derechos, el tribunal ha ordenado varias medidas específicas:

• Revisión y Corrección de Resoluciones: el Ministerio del Interior debe revisar y corregir la resolución ST-1630 del 2 de noviembre de 2023 para reconocer explícitamente la presencia del cabildo indígena de Taganga en el área de explotación. La resolución corregida debe ser expedida antes de autorizar la consulta previa.
• Consulta Previa: una vez corregida la resolución, se debe realizar una consulta previa, libre e informada con el cabildo indígena de Taganga en un plazo no mayor a treinta días. Esta consulta debe cumplir con estándares internacionales y constitucionales.
• Nuevo Estudio de Impacto: la ANLA, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural que incluya los efectos del proyecto sobre la comunidad indígena afectada.
• Uso de nombres y símbolos: Ecopetrol y Petrobras deben evitar el uso de nombres o símbolos culturales de la comunidad Taganga sin su consentimiento. Deben retirar los nombres de los proyectos “Uchuva” y “Área de Interés de Perforación Exploratoria Tayrona” en un plazo de 48 horas.
• Desarrollo de orotocolo interinstitucional: la Presidencia de la República, junto con los Ministerios del Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Minas y Energía, debe desarrollar un protocolo interinstitucional para la identificación, consulta y protección de las comunidades ancestrales del agua en futuros proyectos.
• Creación de Comité de Supervisión: Ss sugiere la creación de un comité de supervisión integrado por representantes del Cabildo Indígena de Taganga, la Defensoría del Pueblo, y el Ministerio Público, para vigilar el cumplimiento de las órdenes y proteger los derechos de la comunidad.
• Plan de salvaguardia cultural: el Ministerio de Cultura debe desarrollar un plan de salvaguardia de las prácticas culturales y conocimientos tradicionales relacionados con el entorno marítimo de la comunidad, en colaboración con el Cabildo Indígena de Taganga.
• Verificación independiente: la ANH y la ANLA deben implementar un proceso de verificación independiente para identificar la presencia de comunidades tradicionales en áreas de futuros proyectos.
• Capacitación y educación: el Ministerio del Interior y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) deben diseñar e implementar un programa de capacitación para funcionarios públicos sobre los derechos de las comunidades ancestrales del agua y los procedimientos de consulta previa.
• Divulgación de derechos: la Defensoría del Pueblo debe divulgar e implementar medidas pedagógicas para informar a las comunidades étnicas costeras sobre sus derechos.