Fiscalía impacta a red delictiva señalada de extraer ilegalmente oro en una zona de protección especial en Caldas

La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de explotar, adquirir, transportar y comercializar oro en Marmato, Caldas sin contar con las licencias ambientales y los títulos mineros para ejercer estas actividades.

Capturaron 11 personas implicadas y las presentaron ante un juez de control de garantías. Los elementos de prueba indican que serían las responsables de la extracción ilegal del metal en un área de especial protección ambiental ubicada en la franja forestal protectora del río Cauca y de otras maniobras relacionadas con el entramado ilegal.

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Ante esto un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Los acusados no aceptaron los cargos.

Entre los procesados están los presuntos articuladores principales, Jaiber Osorio Castrillón, Arlex Marino Valencia Gil, Elkin Eduardo Ortiz y Jhon Fredy Ortiz Castro. Estos hombres al parecer estaban a cargo de las labores de explotación y las soportaban como si correspondieran al trabajo de los denominados mineros de subsistencia del lugar que en realidad eran personas que no ejercían esa actividad.

Otros investigados son: Luis Francisco Rodríguez Fuentes, alias Tortugo y Deiver Alonso Osorio Castrillón a quienes se les atribuye la adquisición de precursores químicos y explosivos para intensificar la explotación de oro; Juan Manuel García Zapata y Walter de Jesús Hernández que son los propietarios de compraventas que habrían sido utilizadas para acopiar el metal de origen ilegal y comercializarlo a Medellín, Antioquia.

También están José Ilian Trujillo Orozco quien era el trasportador señalado de respaldar el traslado de los alijos con certificados de origen fraudulento que provenían de otros municipios como Caucasia, Antioquia y San José de Uré, Córdoba y el exconcejal de Marmato, Carlos Olmes Cañaveral Betancur quien sería el encargado de utilizar su cercanía con algunos funcionarios para conocer los movimientos de la fuerza pública en la región y alertar sobre los operativos contra la minería ilegal.

En los recónditos territorios del Caribe colombiano una lucha encarnizada se libra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y Los Pachencas. En juego está el dominio de la lucrativa minería ilegal que es una actividad que no solo financia sus operaciones delictivas sino que desestabiliza comunidades enteras aprovechándose de la falta de acción contundente por parte de las autoridades.

Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación y de investigadores judiciales estos grupos criminales continúan sus operaciones ilícitas con el objetivo de generar ingresos sustanciales que son esenciales para perpetuar sus conflictos internos y extender su influencia en la región. La minería ilegal dividida entre la extracción de oro y otros minerales valiosos así como materiales de construcción de fácil comercialización es el motor financiero detrás de esta guerra sin precedentes.

En el sur de Bolívar el frente José Luis Solano Sepúlveda vinculado al ELN se destaca por su especialización en la extracción y comercialización de oro. Utilizan a personas locales incluyendo menores de edad forzadas bajo amenazas de violencia hacia sus familias para llevar a cabo estas actividades ilícitas. Esta explotación no solo tiene impactos económicos y sociales devastadores sino que también afecta gravemente las fuentes hídricas vitales para las comunidades locales.

El conflicto se intensifica con la presencia del Clan del Golfo y Los Pachencas quienes buscan también controlar el lucrativo negocio minero en zonas como Córdoba y Magdalena. Estos enfrentamientos que a menudo involucran combates armados ponen en grave riesgo la seguridad de las comunidades locales atrapadas entre fuego cruzado y amenazas constantes.

Además, se ha identificado la complicidad de ciertos servidores públicos en el entramado de comercialización ilegal de minerales lo que subraya la complejidad y la gravedad del problema. Empresas legítimas también han sido señaladas por su papel en el lavado de activos provenientes de la minería ilegal.

Ante este panorama desolador las autoridades locales claman por un respaldo firme del Gobierno nacional para fortalecer las operaciones de seguridad y poner fin a esta espiral de violencia que consume el Caribe colombiano.