El CNE respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha enfatizado que no existe ninguna base legal que cuestione el fuero presidencial en el caso de la investigación administrativa mencionada recientemente por el presidente de la República de Colombia.

Mediante un comunicado, la entidad subrayó que todas sus actuaciones se desarrollan en estricto apego al marco institucional definido por la Constitución y las leyes del país.

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La declaración de la entidad se produce en medio de un ambiente de declaraciones públicas reiteradas por parte del presidente de Colombia, donde ha mencionado una investigación administrativa. Ante esto, el CNE aclaró que dichas actuaciones de ningún modo ponen en tela de juicio la inmunidad y competencias del mandatario.

Además, el Consejo Nacional Electoral destacó que su competencia ha sido reafirmada por recientes decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que validaron su actuación como incuestionable. Esto confirma que cualquier presunción en sentido contrario desconoce el ordenamiento jurídico vigente y excede las competencias de la entidad electoral.

La comunicación también hace un llamado a garantizar la estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, en respuesta a la serie de declaraciones públicas del presidente que han generado controversias en el país.

Corte Constitucional y Consejo de Estado se han manifestado anteriormente sobre la competencia y autonomía del CNE, ratificando su actuación en investigaciones administrativas, lo que anula cualquier insinuación sobre la posibilidad de que estas investigaciones puedan comprometer el fuero del presidente.

La entidad electoral reiteró que sus acciones son estrictamente institucionales, basadas en la Constitución y la normativa vigente, dejando claro que operan dentro del marco legal sin afectar las prerrogativas presidenciales.

Finalmente, el CNE hizo un llamado a respetar el cerco de competencias de los diferentes poderes del Estado y a resguardar la institucionalidad democrática, subrayando la importancia de sus funciones y la necesidad de mantener la integridad de sus procesos y decisiones.

Las presiones y amenazas recibidas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) obligaron a sus familias a abandonar el país. El CNE comenzará el lunes 16 de septiembre su evaluación del informe de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro del año 2022, pero enfrenta un ambiente de alta tensión.

La presidenta del CNE, Maritza Martínez, indicó a Blu Radio que se están considerando medidas de seguridad extremas, incluida la posibilidad de realizar la sesión en una guarnición militar o un comando de policía.

El pliego de cargos, elaborado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, acusa a la campaña de Gustavo Petro de haber superado los límites de financiación electoral en más de 5.300 millones de pesos en ambas vueltas de las elecciones presidenciales de 2022. Esta sesión se desarrollará en un contexto de elevada seguridad debido a las amenazas recibida.

En declaraciones a Semana, fuentes cercanas a Maritza Martínez señalaron que el temor y la tensión entre los magistrados son evidentes. Un magistrado, que prefirió mantener su identidad en reserva, señaló: “No sabemos si vamos a poder entrar al edificio este lunes, y menos tenemos claro si podremos llevar a cabo la sesión con normalidad”.

El CNE, que tiene previsto debatir y votar el proyecto de cargos el próximo lunes, enfrenta la posibilidad de tener que trasladar su sesión para garantizar la protección de sus miembros ante las presiones y amenazas. La presidenta Martínez explicó a Blu Radio que las amenazas han alcanzado tal magnitud que se están considerando opciones de seguridad que incluyen la protección por parte de la Fuerza Pública.

La relevancia de esta sesión radica en que tratará sobre una supuesta irregularidad significativa en la financiación de la campaña presidencial de uno de los actuales actores políticos más relevantes de Colombia. Según Semana, este caso ha generado múltiples tensiones dentro del CNE, llevando incluso a que la seguridad de los magistrados esté en serio riesgo.

El informe estructurado por los magistrados Prada y Ortiz acusa a la campaña de haber sobrepasado el tope de financiación permitido por la ley electoral colombiana. Ante esta situación, la necesidad de evaluar las medidas de seguridad se vuelve indispensable para poder llevar a cabo la sesión de manera efectiva y segura.