María Fernanda Cabal cuestionó nueva directriz sobre protesta social de la Fiscalía: “No debe convertirse en un blindaje frente a actos delictivos”

La senadora María Fernanda Cabal expresó su insatisfacción con la nueva directriz de la Fiscalía General de Colombia sobre la protesta social. La congresista critica la posibilidad de que esta normativa blinde actos delictivos.

A raíz de la expedición de la nueva directriz, Cabal anunció que demandará la modificación, promulgada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, el 10 de septiembre de 2024.

La Fiscalía General asegura que los cambios buscan un cambio radical en el manejo de las protestas en el país, para reconocer y proteger el derecho a manifestarse sin criminalizar a los participantes.

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“La modificación de la Fiscalía a los lineamientos de la manifestación no debe convertirse en un blindaje frente a actos delictivos. Voy a demandar esta directiva que subestima la importancia de investigar cualquier comportamiento que pueda derivar en hechos criminales”, aseguró la senadora en su cuenta de X.

El nuevo lineamiento de la Fiscalía resalta que el derecho a la protesta pacífica está amparado por la constitución y que los actos de protesta, aunque puedan alterar el orden público, no deben ser objeto de persecución o sanción penal solamente por ello.

Esta posición marca una diferencia clara con el modelo anterior, puesto que se pone énfasis en investigar los delitos cometidos durante protestas sin prejuzgar y sin discriminaciones contra los manifestantes, como aseguró el documento firmado por la fiscal Camargo.

Otra de las transformaciones notables es la delimitación del poder punitivo del Estado. La directriz establece que ciertos comportamientos, como el uso de lenguaje fuerte o expresiones vehementes de inconformidad, no deben ser considerados violencia contra servidores públicos.

De este modo, se intenta evitar la criminalización de las expresiones verbales o simbólicas durante las manifestaciones.

En cuanto a la investigación contextualizada, la Fiscalía estipula que los delitos ocurridos en las protestas deben analizarse considerando la naturaleza disruptiva que estas conllevan. No todos los actos delictivos cometidos durante protestas pueden vincularse automáticamente a una determinación criminal, ya que algunos pueden ser el resultado de un ánimo exacerbado, según la nueva directriz.

Esta nueva propuesta derogó las directrices anteriores emitidas por el entonces fiscal Francisco Barbosa en junio de 2021, que se implementaron durante el estallido social de aquel año. El enfoque de estos lineamientos previos era más restrictivo y buscaba limitar las protestas, prohibiendo bloqueos y restringiendo las reuniones públicas.

A pesar de los cambios implementados, las críticas no se han hecho esperar. La senadora Cabal argumenta que, si bien es esencial proteger el derecho a la protesta, esta protección no debe interferir con la búsqueda de justicia frente a comportamientos que puedan derivar en hechos delictivos. En sus declaraciones, destacó la importancia de investigar cualquier conducta delictiva, manteniendo el equilibrio entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.

En resumen, la nueva directriz de la Fiscalía General de Colombia propone un enfoque más justo y contextualizado en relación con las protestas sociales, equilibrando el derecho a manifestarse con la preservación del orden público. Este cambio ha generado diversas reacciones en distintos sectores de la sociedad, mostrando un nuevo panorama en el manejo de la protesta pacífica en el país.

Bogotá fue escenario de disturbios y saqueos tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, evento conocido como El Bogotazo. Esta serie de violencias y revueltas sacudió la capital colombiana y tuvo un profundo impacto en la historia política y social del país. Desde la rebelión de 1781 hasta las protestas más recientes de 2021, Colombia ha sido testigo de numerosas movilizaciones sociales que han marcado sus procesos de cambio.

En 1781, la Rebelión de los Comuneros surgió como una revuelta contra las políticas fiscales y la opresión de la corona española. Campesinos de varias regiones del país se levantaron en armas exigiendo mejores condiciones de vida y justicia.

El 6 de diciembre de 1928, los trabajadores del sector bananero del Magdalena se rebelaron contra las condiciones laborales impuestas por la United Fruit Company. La respuesta del gobierno fue la Masacre de las Bananeras, un episodio trágico que mostró la lucha por los derechos laborales y la justicia social en Colombia.

Uno de los paros cívicos más significativos en la historia reciente se produjo en 1977, cuando miles de colombianos manifestaron en busca de mejoras en sus condiciones de vida y derechos laborales. Este Paro Cívico destacó por la unión de diversas entidades y colectivos ciudadanos en un llamado común por la justicia.

El Movimiento por la 7ª Papeleta, en 1990, representó una demanda ciudadana de inclusión de una casilla en el tarjetón electoral para convocar a una Asamblea Constituyente. Esta movilización llevó a la creación de la Constitución de 1991, transformando la estructura política y social de Colombia.

El 21 de noviembre de 2019, una serie de protestas masivas, conocidas como Movilizaciones del 21N, se centraron en temas de desigualdad, corrupción y violencia. Miles de colombianos se movilizaron en diversas ciudades y municipios, así como en el extranjero, en un esfuerzo por exigir cambios significativos.

Más recientemente, el 28 de abril de 2021, se iniciaron unas protestas indefinidas convocadas por el Comité Nacional de Paro, incluyendo sindicatos y centrales obreras. Estas manifestaciones abarcaron varias regiones del país y se extendieron a nivel internacional, expresando el rechazo a la situación política y social, en especial por la cantidad de personas muertas y desaparecidas en medio del llamado estallido social.

Es por lo anterior que el ente acusador actualizó las directrices de la protesta.