Esta es la “jugadita” con la que el Congreso de la República ganó más tiempo para debatir el presupuesto general de la Nación del 2025

La discusión para aprobar el Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2025 se encuentra en un compás de espera.

Aunque la legislación nacional establece que el debate sobre el monto a aprobar debía concluir antes del 15 de septiembre, una maniobra legal en el Congreso de Colombia ha postergado el cierre de esta etapa.

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Las divisiones entre los partidos afines al Gobierno y los de oposición, que insisten en una reducción del gasto, han sido uno de los principales impedimentos.

Se sabía que el Congreso tenía planes de sesionar el sábado 14 de septiembre si era necesario, o de convocar jornadas extendidas para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, al no lograr consensos entre el 11 y el 12 de septiembre, se decidió aprovechar el siguiente plazo constitucional que permite más tiempo para la aprobación en primer debate de todo el proyecto presupuestal.

El 12 de septiembre, la sesión programada para recoger las votaciones necesarias en una de las cuatro comisiones económicas no pudo avanzar por falta de cuórum. Aunque el número necesario para debatir estuvo presente, no fue suficiente para tomar decisiones sustanciales, lo que muestra la débil cohesión entre los legisladores.

Al término de la sesión, el presidente de las comisiones económicas, Jorge Eliécer Salazar, del Partido de La U, señaló la necesidad de consultar las leyes y conceptos jurídicos vigentes para encontrar un tiempo adicional.

Salazar explicó que, tras revisar con asesores que han servido en la Dirección de Presupuesto Nacional durante tres décadas, se halló un fundamento legal para extender el tiempo de estudio. Según Salazar, esta extensión es vital ya que no es probable que se logre un acuerdo antes del sábado.

“Lo hemos consultado con personas que estuvieron 30 años en la Dirección de Presupuesto y muchos expertos, encontrando que en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana hubo una situación parecida. Llegó el 15 de septiembre, no aprobaron el monto, pero el Congreso continuó con el trámite y hubo aprobación del presupuesto. Ese presupuesto fue demandado y lo ratificó la Corte Constitucional, entonces no hubo inconveniente, así que vamos a proceder de esa misma forma”, dijo Salazar.

La incertidumbre persiste en el Congreso de Colombia debido a las discrepancias en las comisiones respecto al Presupuesto General de la Nación.

La senadora Angélica Lozano, vicepresidenta de las comisiones, enfatizó que estas diferencias están generando una notable incertidumbre entre los colombianos. En palabras de Lozano, es determinante que el Congreso establezca sus prioridades dadas estas divergencias.

“Nuestro deber, al no coincidir las cuatro comisiones en un solo monto, es seguir debatiendo y por eso, con todo el rigor, nos moveremos hasta el 25 de septiembre, cuando ya deberemos tener toda la apropiación desglosada del Presupuesto, con el monto establecido”, declaró Lozano.

Enfatizando la relevancia del debate, Lozano recordó que la ley permite al presidente Gustavo Petro definir los montos del presupuesto vía decreto si no se llega a un acuerdo antes del 20 de octubre. Esto, según la senadora, tiene como objetivo mantener la estabilidad económica y fiscal del país.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, expresó su preocupación por la intención del Gobierno de modificar la regla fiscal como una estrategia para financiar los gastos e inversiones públicas del 2025. Villar afirmó que este cambio podría encarecer la deuda pública. En un discurso en el Congreso de Confecámaras, indicó que, aunque la economía colombiana podría crecer entre un 2,5% y un 3% en 2025 bajo condiciones favorables, la idea de modificar la regla fiscal no es conveniente.

Desde Fedesarrollo, se advirtió que los cambios tributarios propuestos por el Gobierno en el proyecto de ley de financiamiento representan un riesgo elevado para la economía y la recuperación empresarial. Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos, señaló que una nueva reforma tributaria podría debilitar tanto el ingreso de los hogares como la inversión, afectando la reactivación económica del país.

En respuesta a las advertencias, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió que las decisiones sobre el manejo fiscal están justificadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y sostuvo que no hay nada ilegal en que un presupuesto se presente desfinanciado acompañado por un proyecto de ley de financiamiento. Bonilla recalcó que esto no es nuevo en Colombia y está autorizado por las normas presupuestales.