El acuerdo entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los transportadores introdujo cambios significativos en el esquema de subsidios para los combustibles en Colombia, con implicaciones fiscales importantes que ahora están bajo análisis. El equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá reveló que este acuerdo generará un costo fiscal de aproximadamente $1,1 billones para el Fondo de Estabilización de Precios al Combustible (Fepc). Este gasto se debe al ajuste gradual de $800 en 2024 en lugar del aumento único de $1.904 que se había proyectado anteriormente.
El Fepc, creado para suavizar las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles y estabilizar el mercado local, resultó ser un desafío considerable para las finanzas públicas. Según el Banco de Bogotá, los intentos de alinear los precios nacionales con los internacionales llevaron a un incremento en el gasto público destinado a regular estos precios y mantenerlos bajos.
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En un escenario en el que el precio del Aceite Combustible Para Motores (Acpm) se mantuviera sin cambios, y tomando en cuenta una tasa de cambio de $4.100 y precios internacionales del petróleo Brent en USD72, el gasto necesario para cubrir el déficit tanto del Acpm como del Fepc podría alcanzar los $2,9 billones en los últimos cuatro meses del año 2024. Un ajuste único de $1.904 habría permitido una reducción en el gasto a $1,5 billones, generando un ahorro de $1,4 billones. Sin embargo, con el ajuste gradual acordado por el Gobierno, se estima que el gasto total ascenderá a $2,6 billones.
El Banco de Bogotá señaló que el costo final del Fepc está sujeto a la volatilidad de la tasa de cambio y los precios internacionales del petróleo. La entidad enfatizó que, en el mejor de los casos, una disminución en el precio del petróleo junto con una apreciación de la moneda colombiana podría reducir el impacto fiscal. Sin embargo, los datos actuales muestran una tendencia opuesta, con un retroceso en el precio del petróleo y un incremento en la tasa de cambio.
El equipo de Investigaciones Económicas proyectó que por cada incremento de $100 en la tasa de cambio, el gasto público adicional podría aumentar en $160.000 millones durante los últimos cuatro meses de 2024. Asimismo, cada aumento de USD1 en el precio del petróleo Brent podría elevar el pago adicional por el Fepc en $76.000 millones. Estas proyecciones destacan la necesidad de monitorear cuidadosamente estos factores para gestionar el impacto fiscal de manera efectiva.
Consecuencias económicas
El déficit generado por el Fondo de Estabilización de Precios al Combustible (Fepc) en Colombia debido al acuerdo reciente tiene profundas consecuencias económicas que afectan tanto las finanzas públicas como la economía en general. Este gasto adicional se debe en parte a la decisión de implementar un ajuste gradual en lugar de un aumento único, lo que incrementó el desembolso total requerido.
El principal efecto económico de este déficit es el aumento de la carga fiscal sobre el Estado, que podría desviar recursos de otros sectores cruciales como salud, educación e infraestructura. La necesidad de financiar el déficit del Fepc puede llevar a un incremento en el endeudamiento público, afectando la sostenibilidad fiscal del país y potencialmente aumentando la carga de deuda sobre las futuras generaciones.
Además, el déficit también tiene implicaciones sobre la inflación y el costo de vida. Un mayor gasto público para subsidiar los precios de los combustibles puede presionar las finanzas públicas y contribuir a la inflación si se financia mediante emisión monetaria. Esto a su vez puede impactar negativamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos, incrementando el costo de vida.
Por otro lado, la fluctuación en los precios internacionales del petróleo y la tasa de cambio también juega un papel crucial. El Banco de Bogotá advierte que cada aumento en estos factores podría elevar aún más el gasto público adicional, exacerbando el déficit. La incertidumbre en los precios internacionales del petróleo y la tasa de cambio puede agravar las dificultades económicas, creando un ciclo de gasto y ajuste fiscal que podría tener efectos adversos en la estabilidad económica del país.