Luego de que el 13 de septiembre se conociera un documento de impugnación con el que el presidente Gustavo Petro buscaba no cumplir con el fallo emitido por el Consejo de Estado, en el que se le ordenó retractarse de afirmaciones que hizo contra Enrique Vargas Lleras, el primer mandatario decidió acatar dicha orden y echar para atrás sus afirmaciones.
Sus señalamientos están relacionados con un presunto desfalco millonario que se habría registrado en la Nueva EPS, cuando Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hacía parte de la junta directiva. Aunque nunca mencionó puntualmente al exfuncionario en sus publicaciones, el Consejo de Estado aseguró que era muy claro que se trataba de él y le pidió retractarse en un término de cinco días.
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Esta fue uno de los comentarios en X del primer mandatario, que lo llevaron a tener que emitir un comunicado retractándose: “Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: En la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia?”.
A pesar de que se pensó que no lo haría, debido a la impugnación, y a que el 12 de septiembre se había declarado en “desacato público”, haciendo alusión a que no acataría la orden del Consejo de Estado, el 13 de septiembre se pronunció por medio de un texto, dando cumplimiento a la directriz.
“Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS, donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”, indicó el jefe de Estado en el comunicado.
Aseguró que, siendo servidor público y ciudadano, basado en sus convicciones, ha buscado denunciar la corrupción en el sector de la salud, aspecto que ahora mismo está siendo investigado por las autoridades. De ahí las afirmaciones que hizo con respecto a las irregularidades encontradas en la Nueva EPS, que, además, corresponden a informes preliminares presentados por el agente interventor que ahora está a cargo de la entidad.
“Esta conducta es producto de mis más íntimas convicciones sobre lo que he creído toda mi vida, es lo apropiado, lo correcto y lo justo en relación con cómo debe funcionar el servicio de salud en un país con recursos escasos y con una profunda desigualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas”, añadió.
La objeción de conciencia para no cumplir la totalidad del fallo
Sin embargo, aunque se retractó por sus declaraciones, no cumplió con otra parte de la orden emitida por el Consejo de Estado: presentar excusas públicas. Y, según explicó en el comunicado, no tiene pensado acatar la totalidad del fallo, amparándose en sus derechos fundamentales.
Aclaró que hará la solicitud a título individual, sin que eso implique que se produzca un daño irreparable. Pedirá entonces que se cumpla lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Política, por medio del cual se garantiza la libertad de conciencia. En la normativa se especifica que nadie podrá ser molestado por sus creencias o convicciones, así como tampoco podrá ser obligado a actuar en contra de ellas.
“Considero que mi objeción de conciencia en el presente caso está ponderada con la naturaleza de un reparo genuino, la seriedad con la que he asumido la defensa de los recursos públicos y la certeza que, al día de hoy, con la información disponible, me habilita constitucionalmente apartarme del cumplimiento de esta orden judicial”, precisó.