Qué es una urgencia manifiesta: esta fue la medida que decretó el Gobierno para que Thomas Greg siga haciendo pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia decretó una nueva urgencia manifiesta que tendrá una duración de once meses, con el fin de que la empresa Thomas Greg & Sons continúe fabricando los pasaportes en el país hasta 2025.

De acuerdo con el documento publicado por La FM., esta medida busca asegurar la continuidad en la provisión de libretas de identificación para todos los ciudadanos,

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De hecho, a lo largo de sus seis artículos, establece que la urgencia manifiesta permitirá la contratación de servicios de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa con zona de lectura mecánica.

La Ley 80 de 1993 expresa que la urgencia manifiesta es una declaración sobre los términos de una contratación estatal.

La ley colombiana establece que “es una situación que puede decretar cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa a través de acto motivado”, en la que el Gobierno puede exigir al contratista un “suministro de bienes o prestación de servicios o ejecución de obras en el inmediato futuro”, para dar continuidad a un servicio.

Se manifiesta “cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos”, según el artículo 42 de la mencionada ley.

De hecho, el Concepto 2360 de 1996 emitido entonces por la Secretaría de Salud de Bogotá explicó detalladamente que esta situación se genera “cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con calamidades, desastres, hechos de fuerza mayor, guerra exterior o conmoción interior, emergencia económica, social o ecológica o vinculadas a la imperiosa necesidad de impedir la paralización de un servicio público y, como consecuencia, para prescindir del procedimiento de licitación o concurso públicos que es el que ordinariamente rige cuando se trata de escoger al contratista, de manera que pueda hacerlo directamente y de manera inmediata, aunque sin prescindir del cumplimiento del deber de selección objetiva”.

Por lo tanto, en medio de las nuevas medidas que aplicarían para la producción y distribución de pasaportes en el país, el Ministerio decretó la medida, con el fin de que Thomas Greg & Sons garanticen el suministro de los documentos.

Este procedimiento se llevará a cabo a precios unitarios fijos y sin fórmula de reajuste, de acuerdo con lo expuesto por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Declarar la contratación por urgencia manifiesta por el término de once (11) meses, para suministrar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución delibretas de pasaportes, así comoel servicio de impresión; almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sín fórmula de reajuste para el Fonda Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las consideraciones del presente acto”, resuelve el decreto en su primer artículo.

A su vez, Luis Gilberto Murillo, actual jefe de la cartera, confirmó a través del documento que ya se iniciaron los trámites necesarios para asegurar las partidas presupuestales que permitirán financiar la urgencia manifiesta hasta 2025.

“Ordenar a las dependencias competentes el inicio de los trámites presupuestales para garantizar los compromisos que se adquieran a futuro con la celebración del contrato a que haya lugar como consecuencia de esta declaratoria de urgencia manifiesta”, reza el documento conocido por el medio.

El contrato que se celebre entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons será notificado a la Contraloría General de la República, conforme a lo estipulado en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

Asimismo, una compulsa de copias será remitida a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el artículo 4, para investigar posibles conductas disciplinarias relacionadas con el proceso de selección de la licitación pública LP-003 de 2023, cuya contratación habría sido de $416.146.917.633 pesos colombianos y que derivo en toda una crisis que correspondió a una urgencia manifiesta anterior que despertó cuestionamientos respecto a la actuación de varios funcionarios, como el excanciller Álvaro Leyva y el exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar.