La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa del exsenador Ciro Ramírez, que buscaba anular el caso en su contra por presunta participación en la red de corrupción conocida como ‘Marionetas 2′.
El alto tribunal, mediante una decisión con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, determinó que no se evidenciaron vulneraciones al derecho a la defensa ni al debido proceso, como alegaba su defensa.
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El excongresista del Centro Democrático enfrenta cargos graves de corrupción por delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Estos cargos están relacionados con hechos que ocurrieron entre 2021 y 2022, cuando se habrían manipulado procesos de contratación pública en el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
La defensa del exsenador argumentaba que durante la etapa de instrucción se vulneraron sus derechos, especialmente el derecho a la defensa. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema concluyó que no había pruebas suficientes para justificar esta afirmación. En consecuencia, se rechazó la petición de anular el proceso en su contra.
Ramírez ha estado bajo prisión preventiva desde diciembre de 2023, cuando las investigaciones en su contra se consolidaron. A pesar de la insistencia de la defensa en señalar irregularidades en el proceso, la Corte Suprema de Justicia decidió que las condiciones de su detención preventiva se mantendrán mientras avanza el juicio.
Pruebas aceptadas y testimonios clave
Aunque la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad, sí aceptó pruebas testimoniales solicitadas por la Procuraduría General de la Nación y la defensa del exsenador. Entre los testigos aceptados por el tribunal se encuentran varias figuras clave que podrían arrojar luz sobre la presunta red de corrupción dentro del DPS.
Entre los testigos aprobados a petición de la Procuraduría se encuentran: Juan Carlos Castaño Posada, Ricardo Guarnido Morales, Agustín Manrique Galeano, Julio César Pérez Ángel, Juan Carlos Martínez Rodríguez, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, Ricardo Orozco Valero y Luis Jorge Rodríguez Peña
Estos testimonios se suman a los pedidos por la defensa de Ramírez, que incluyen a personas como Juan Carlos Merchán, Óscar Alfonso Gallego López y Sandra Patricia Sánchez Cañas, entre otros.
Las acusaciones contra Ciro Ramírez
El caso contra Ciro Ramírez se enmarca dentro del escándalo ‘Marionetas 2′, que ha revelado una serie de actos de corrupción vinculados a la adjudicación irregular de contratos públicos en el DPS, una entidad encargada de gestionar recursos destinados al desarrollo social en Colombia. De acuerdo con las investigaciones, Ramírez, en colaboración con Pierre García, exsubdirector del DPS, habría favorecido a ciertos contratistas a cambio de sobornos, dirigidos a asegurar la asignación de contratos en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
Un aspecto clave de las acusaciones es el vínculo entre Ramírez y Alejandro Noreña, quien ya ha sido involucrado en otro caso de corrupción liderado por el exsenador Mario Castaño. Noreña habría servido como enlace entre ambos exsenadores, facilitando reuniones y acuerdos que permitieron el desvío de recursos públicos hacia intereses privados. Se sabe que Ramírez y Noreña se reunieron en septiembre de 2021, supuestamente para coordinar las acciones relacionadas con los contratos del DPS.
Pablo César Herrera, gerente de la empresa Proyecta, ofreció su testimonio ante la Fiscalía, afirmando que existió un mecanismo diseñado para asignar contratos de manera arbitraria dentro del DPS. Según Herrera, uno de los contratos clave fue el convenio 670, firmado entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, con un valor total de $24.606 millones. Parte de estos recursos habrían sido destinados a obras en regiones bajo la influencia política de Ramírez, como Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.
Desde la cárcel, Ciro Ramírez ha defendido su inocencia, argumentando que las acusaciones en su contra están basadas en declaraciones interesadas. En particular, ha señalado que los testimonios de personas como Pablo César Herrera podrían estar motivados por el deseo de obtener beneficios legales a cambio de colaborar con la justicia. Ramírez insiste en que nunca utilizó su posición para favorecer intereses privados y que los contratos adjudicados durante su tiempo como senador fueron asignados de manera legítima.
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