El jueves 12 de septiembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio inicio a su primer juicio adversarial contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía. El coronel enfrenta cargos graves relacionados con ejecuciones de civiles cometidas entre 2002 y 2004 en el conflicto armado nacional.
El juicio que se llevó a cabo en Valledupar, Cesar, comenzó con una audiencia preparatoria en la que Mejía dijo que no aceptaba los cargos imputados en su contra.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusa de participar en al menos 35 hechos representativos que victimizaron a 72 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. Según la UIA, la acusación contra Mejía expone una conducta de ‘macrocriminalidad’ que involucra asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.
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También se le acusa de la ejecución de personas que habían “dejado” las armas o que se encontraban heridas.
En el juicio serán escuchados los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana Arango como testigos, lo cual fue una petición aprobada por la magistrada Reinere Jaramillo.
Durante la audiencia, la magistrada revisó más de 1.153 documentos y admitió 82 testimonios, tanto de la parte acusadora como de la defensa. “Se ordenaron las pruebas que la UIA solicitó para probar la responsabilidad del coronel en los hechos de ejecuciones extrajudiciales durante su comando en el Batallón La Popa”, indicó Jaramillo.
Esta es la primera vez que la JEP implementa el modelo adversarial transicional, donde garantiza la participación activa de las víctimas. Además, los abogados de las víctimas también podrán realizar preguntas complementarias durante el juicio. Novedades que buscan dar mayor voz a quienes sufrieron de primera mano las consecuencias que les dejó los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Luego de esta audiencia preparatoria, el juicio se celebrará en varias fechas entre septiembre y diciembre de 2024. Las sesiones serán públicas y tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de septiembre, el 17, 18, 28 y 29 de octubre, así como el 12, 13, 25 y 27 de noviembre. La fase final del juicio está programada para los días 3 y 4 de diciembre de 2024.
El hecho de que un alto oficial como el coronel Mejía sea juzgado por la JEP representa un hito significativo en el proceso de justicia y reconciliación de Colombia, reflejando el compromiso del sistema judicial del país, con la rendición de cuentas y la reparación hacia las víctimas.
JEP pedirá una audiencia presencial con Simón Trinidad, excomandante de las Farc detenido en EE.UU., para esclarecer su rol en la guerrilla
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó una audiencia presencial con Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, para obtener información detallada acerca de su trayectoria en las Farc. Esta petición se formalizó el jueves, según se informó.
La JEP busca recolectar datos precisos sobre la pertenencia de alias Simón Trinidad a la organización guerrillera, las posiciones que ocupó, las funciones que desempeñó y su recorrido dentro del grupo.
“Por la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto (SIA), requerir al señor Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda para que, con apoyo y asesoría de su apoderado judicial, asista a una diligencia de entrevista que se realizará de manera presencial y será programada en la fecha y hora que disponga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, después de surtidos los trámites administrativos pertinentes”, enunció la JEP en el documento
Este excomandante de las Farc, que formó parte del Secretariado y fue cercano tanto a Iván Marulanda, alias Tirofijo, como a Alfonso Cano, es una figura clave en la historia de violencia en Colombia.
Además, la audiencia tiene como objetivo escuchar su versión sobre varios hechos delictivos por los que actualmente es procesado en Colombia, incluyendo secuestros, extorsiones, homicidios y masacres.
Los investigadores también están interesados en las acciones ilegales durante la Zona de Despeje en San Vicente del Caguán, a finales de la década de los noventa, en el marco del fallido proceso de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
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