Grupos armados estarían amenazando a opositores al régimen de Maduro refugiados en Colombia, aseguró analista venezolano radicado en Canadá

Johan Obdola, experto internacional en seguridad y geopolítica, afirmó que las amenazas recibidas por los activistas Pablo Antonio Parada Díaz y Héctor Alejandro Zerpa González en Colombia son parte de una estrategia más amplia del gobierno de Nicolás Maduro para perseguir a opositores.

Según Obdola, esta estrategia se sostiene en una red compleja que incluye a fuerzas de inteligencia venezolana y varios grupos criminales.

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Parada Díaz y Zerpa González denunciaron que luego de huir de Venezuela a Colombia en busca de seguridad, sus vidas volvieron a verse amenazadas en los últimos meses.

Fotografías y mensajes intimidantes comenzaron a llegar a sus teléfonos, advirtiéndoles que debían abandonar Colombia si no querían enfrentar un juicio por parte de grupos armados, según lo informó el periodista Jesús Antonio Blanquicet de El Tiempo.

Un mensaje del 25 de julio recibido por los activistas estaba firmado en nombre del Frente Carlos Patiño Farc-EP. En este señalaban a Parada, Zerpa y otros opositores de ser objetivos militares debido a sus actividades contra lo que denominaron “la gloriosa revolución”, y concluía dándoles a los activistas 72 horas para salir del territorio colombiano.

Parada Díaz explicó que el Frente Carlos Patiño Farc-EP, junto con otros grupos criminales como el Tren de Aragua, están implicados en estas amenazas y persecuciones, a menudo con la colaboración de agentes del gobierno venezolano.

Según Parada, notificó a la Fiscalía sobre estos seguimientos en abril, pero desde entonces ha tenido que esconderse para protegerse. Dijo que solo su compañero Héctor y empleados de la Fiscalía conocían su paradero, y al día siguiente de exponer su caso, se presentaron hombres en su domicilio afirmando que tenía deudas con la justicia colombiana. Este suceso aumentó su desconfianza en las instituciones colombianas.

Zerpa González añadió que los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se infiltran haciéndose pasar por vendedores informales o domiciliarios mientras realizan labores de inteligencia.

Según Obdola, esta infiltración es parte del “Plan Continental Brisa Bolivariana”, diseñado para expandir la presencia de la revolución chavista y eliminar a la disidencia venezolana.

El Centre for Information Resilience (CIR) explicó que este plan involucra a miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dgcim, y otros grupos criminales y terroristas, lo que evidencia la expansión de una compleja red de agentes políticos y criminales venezolana en toda América Latina.

Este despliegue no solo tiene fines políticos, sino también busca activamente atacar a los opositores del régimen venezolano, según lo informó Blanquicet.

La situación empeora con el desplazamiento de estas redes hacia lugares como Estados Unidos, donde también se reporta la presencia de elementos del Tren de Aragua y otros colectivos venezolanos. Según Obdola, la información se obtiene a través de una red de inteligencia conformada por exmilitares y activistas tanto fuera como dentro del régimen venezolano, quienes proporcionan datos clave sobre los movimientos y operaciones de estos grupos.

“Alexander Enrique Granko Arteaga”, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dgcim, ha sido identificado como una figura influyente dentro de esta organización, y es responsable de la creación de numerosos expedientes y manipulaciones en el ámbito judicial para perseguir a disidentes militares y civiles. Fuentes venezolanas aseguran que, aunque Granko tiene superiores militares, su poder dentro de la Dgcim es significativo y facilita estas persecuciones.

El pasado 11 de septiembre, se llevó a cabo una reunión importante en la Casa de Nariño, sede del gobierno colombiano, entre representantes de Human Rights Watch (HRW) y delegados del Gobierno Nacional. En esta reunión, que duró más de dos horas, se discutió la situación de derechos humanos en Venezuela, la cual fue presidida por Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Goebertus exhortó al presidente Gustavo Petro a adoptar una postura más firme contra el régimen de Nicolás Maduro, particularmente después de las elecciones realizadas en el vecino país en julio de 2024. La solicitud se produce en un contexto en el cual, según los informes de diversas organizaciones, se han documentado gravísimas violaciones de derechos humanos en Venezuela y un deterioro agudo de la situación democrática.

HRW ha sido enfática en subrayar que en Venezuela no existe una democracia funcional. De acuerdo con Goebertus, el gobierno colombiano debería asegurar que se publiquen los resultados electorales y se establezca una veeduría independiente. Además, sugirió que Colombia, al igual que ha hecho en otros conflictos internacionales como el de Gaza, remita el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI) para garantizar que se haga justicia por las presuntas violaciones de derechos humanos.

La reunión en la Casa de Nariño es parte de una serie de encuentros y acciones que HRW ha implementado para abordar la situación en Venezuela. Según Goebertus, es crucial que el gobierno colombiano continúe con su proceso diplomático pero también asuma un papel protagónico en exigir responsabilidades al régimen de Maduro ante la CPI.

A pesar de la alta relevancia de la reunión, el presidente Petro no participó personalmente en el encuentro. La ausencia del mandatario en una reunión de tal magnitud lleva a HRW a redoblar sus llamados para que Colombia tome una posición clara y firme ante la situación venezolana.