Tiquetes aéreos y un servicio público muy usado subirán de precio por iniciativa que busca sacar adelante Petro

En Colombia empezó a discutirse el nuevo proyecto de Ley de reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro, que buscará recaudar hasta $12 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, iniciativa que ya empezó trámite en el Congreso de la República, pero su monto, de $523 billones, generó desacuerdos entre los congresistas que hacen parte de las Comisiones Económicas de Senado y Cámara y fue devuelto al Gobierno.

Dentro de la nueva reforma hay varias modificaciones a diferentes impuestos, uno de ellos el del carbono, que consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido de dicho material, que es un elemento químico de los combustibles y que se libera en forma de gases efecto invernadero a la atmósfera cuando se hace la combustión de estos energéticos.

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La propuesta del Gobierno es que para el sector extractivo, se aumenta la tarifa del impuesto al carbono, de $25.000 por tonelada a $75.000 y se modificará la destinación. También, los recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad y para el Fondo Colombia en Paz se mantienen en términos del monto que reciben en la actualidad.

Por supuesto, esto generó todo tipo de dudas y comentarios, ya que subir este tributo generará impactos en el precio de la gasolina corriente, del Acpm (diésel) y, lamentablemente, para los tiquetes aéreos, ya que el combustible para los aviones tendría una variación también.

A esto último se refirió el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, tras en el Congreso de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Comfecámaras).

En este, el popular Mr. Taxes, como se le conoce en redes sociales, afirmó que “el combustible de avión afecta al precio de los tiquetes aéreos y, por eso, recordemos cómo funciona ese proceso: el Gobierno propone, pero el Congreso de la República dispone y eso está bien”.

Asimismo, Reyes se refirió al turismo, que sería gran impactado en caso de la subida. Según él, debe ser parte de la avanzada en términos de descarbonización de la economía. Remarcó que “es un sector en el cual es relativamente fácil empezar un nuevo negocio, en comparación con otros que requieren una inversión más grande”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió con preocupación el impacto que tendría la iniciativa legislativa de la ley de financiamiento, que modificaría lo dispuesto para el tratamiento del carbón dentro de los combustibles gravados con el Impuesto al carbono.

De acuerdo con el gremio, la iniciativa del Gobierno plantea incrementar el valor con el que se gravan los combustibles fósiles -ahora expresado en UVT- lo que de manera alarmante aumenta la cifra correspondiente para el carbón. Según el mismo, esto conllevaría a un alza de precios en la generación de energía que se verá reflejada en las facturas de los usuarios finales de electricidad en el país.

“Desde el gremio identificamos un efecto negativo tanto para el sector eléctrico como para la industria nacional que se abastece de este mineral en sectores tan relevantes como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas, dado que se presentará un incremento en la tarifa de energía eléctrica del orden de $80 por hora de kilovatio, lo que representará un impacto sobre la demanda eléctrica cercano a los 4.5 billones de pesos/año”, precisó el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.

Remarcó que, también, se impactará el empleo de la pequeña minería asociada al carbón.

Además, indicó que modificar el impuesto al carbono generaría un aumento de las tarifas de electricidad en Colombia para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como en el ya deficitario fondo de subsidios del sector eléctrico, dado que se incrementaría la apropiación anual del Gobierno nacional en el presupuesto en cerca de $1 billón para financiar los subsidios que otorga el Estado a los usuarios de menores ingresos.

Por otro lado, el gremio proyecta un efecto neto negativo para la sociedad del orden de $4.8 billones al año, ya que con la nueva propuesta se recaudarían solo $700.000 millones, mientras que el costo de la medida para el país sería de $5.5 billones. Por lo tanto, insiste Andeg, esta medida representa más riesgos que beneficios para el país, ya que el déficit fiscal que se generará es mayor al recaudo esperado.

Adicionalmente, esta propuesta legislativa modifica la gradualidad para la aplicación del impuesto ya definida hace dos años, planteando que en 2025 se aplique 75% de la tarifa del impuesto en vez del 25%. “Esto va en contravía de una transición energética segura y gradual, y con estos cambios abruptos se desdibuja la continuidad, así como el principio de justicia y proporcionalidad de la política pública”, enfatizó Castañeda.