La Procuraduría General de la Nación remitió expedientes a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en relación con supuestos embargos ilegales a recursos de la salud pública, oredenados por algunos representantes legales y jueces de la República.
Con mayor detalle, se trata de medidas judiciales aparentemente irregulares ejecutadas por representantes legales de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y juristas que determinaron la retención de fondos públicos, los cuales tienen un carácter inembargable, salvo excepciones determinadas por la Corte Constitucional.
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De acuerdo con la información del ente de control que emitió por medio de un comunicado, un total de 25 hospitales públicos estarían involucrados en la investigación por cuenta de estas presuntas irregularidades.
Entre los centros asistenciales se encuentran el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná y el Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, entre otros.
En ese sentido, el Ministerio Público detalló la presunta existencia de un cartel de abogados que asesoraría a los representantes legales de las E.S.E. con el objetivo de recaudar de manera ilegal sumas de dinero con acuerdos de honorarios que podrían llegar hasta el 30 % de lo recaudado.
Estos abogados, según lo que publicó el medio, estarían presionando a entidades bancarias para que efectúen los embargos, incluso amenazándolas con procesos judiciales y denuncias penales si se niegan a cumplir con las órdenes.
De hecho, la situación se viene indagando desde el primer trimestre del 2023. La Procuraduría informó que “El ente de control ha tenido conocimiento que algunos jueces y representantes legales de los centros hospitalarios han hecho caso omiso de lo establecido en la ley y han continuado iniciando dichos trámites; además, han emitido providencias o actos administrativos, ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las Entidades Promotoras de Salud -EPS- y la Adres”.
Además, la Superintendencia Financiera fue informada sobre las presiones que están recibiendo las entidades bancarias para que ejecuten estas medidas de embargo, con el objetivo de que se impartan instrucciones firmes frente a tales amenazas que resultan en la desviación y apropiación indebida de recursos públicos.
Los centros hospitalarios en los que el ente de control indagará son:
- ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
- ESE Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná
- ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó
- ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte
- ESE Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá
- ESE Pedro Nel Cardona de Arboletes
- ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá
- ESE La Anunciación de Mutatá
- ESE Hospital de II Nivel de San Marcos
- ESE Hospital La Divina Misericordia de Magangué
- ESE Hospital San Juan Bautista
- ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara
- Subred Integrada De Servicios de Salud Sur ESE
- Nueva ESE Hospital Dptal San Francisco de Asís
- Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
- ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué
- ESE Hospital San Francisco de Asís (Liquidado)
- ESE San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal
- ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia
- ESE Centro de Salud con Camas de Montecristo Bolívar
- ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita
- ESE Hospital San Agustín De Puerto Merizalde
- ESE Hospital Local de Calamar
La difícil situación en los hospitales públicos de Colombia
La aparente crisis en los hospitales públicos debido a las deudas acumuladas con las EPS (Entidades Promotoras de Salud) estaría generando alarmas sobre la posible interrupción de servicios. De acuerdo con la las advertencias de voceros de centros asistenciales de Antioquia y Valle del Cauca, algunos centros médicos podrían cesar sus operaciones si no se encuentran soluciones prontas y efectivas a estos problemas financieros.
El desbalance financiero que afecta a las instituciones de salud se ha convertido en un tema recurrente en diferentes partes del país. Incluso, el alcalde de Cali Alejandro Éder se refirió a un posible colapso en el sistema de salud de la capital vallecaucana.
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