Educación de niños y jóvenes en Colombia estaría en peligro si no se aprueba la ley de financiamiento, aseguró el ministro de Educación

El ministro de Educación, Daniel Rojas, reiteró su llamado de atención al Congreso sobre las posibles consecuencias que tendría el rechazo de la ley de financiamiento que se encuentra en discusión en el Legislativo.

Rojas destacó que quienes más sufrirían el impacto de esta decisión serían los niños y jóvenes del país, puesto que afectaría a varios ejes críticos de la educación pública .

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El jefe de la cartera de Educación explicó que, sin los recursos adicionales que proveería la nueva legislación, se vería comprometida la expansión de la gratuidad en la formación pública superior.

Además, mencionó que dicho rechazo limitaría las capacidades para aumentar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como para mejorar la formación docente.

Esta situación, según el ministro, impactaría en la calidad educativa y en varios procesos de formación integral, incluyendo planos de alfabetización e infraestructura educativa en niveles preescolar, básico y media.

“Niegan posibilidad de aumentar cobertura del PAE, niegan posibilidad de formación docente para aumentar calidad, desfinancian procesos de formación integral, de capacidades territoriales, de alfabetización e infraestructura en educación preescolar, básica y media”, dijo Rojas a través de su cuenta de X.

Detalladamente, la posición del ministro incluye una crítica fuerte sobre la negativa de ampliar la cobertura del PAE, un programa esencial para el soporte nutricional de muchos escolares.

Así mismo, sin los fondos previstos, no sería posible impulsar la formación continua de los docentes , lo que dificultaría la mejora de la calidad educativa. También resaltó la importancia de financiar adecuadamente los procesos de desarrollo de capacidades territoriales y la infraestructura educativa esencial para un aprendizaje dinámico.

“Ponen a la niñez y a la juventud a pagar las consecuencias del sectarismo, garantizan eso si, que se le pague cumplidamente la abultada deuda pública a un sector financiero que siempre encuentra apoyo. Ojalá la juventud colombiana contara con el mismo apoyo con el que cuentan los banqueros”, mencionó el ministro de Educación.

El impacto de no aprobar la ley se traduciría, según Rojas, en un desfinanciamiento que abarcaría varias áreas críticas de la educación que el Ministerio ha priorizado.

En el Congreso de la República, Rojas ya había expresado preocupaciones durante un reciente debate de control político, en el cual urgió a los congresistas a aprobar la iniciativa. Los argumentos presentados apuntan a que el sector educativo experimentará una serie de limitaciones significativas que afectarían el progreso y la calidad del sistema educativo nacional si la reforma no avanza.

Para Rojas, este tema trasciende aspectos económicos y se convierte en una cuestión de justicia social; las reformas apuntan a asegurar que todos los estudiantes, independientemente de su origen social, puedan acceder a una educación de calidad y cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo integral.

El director del centro de pensamiento Anif, José Ignacio López, manifestó su preocupación acerca del nuevo proyecto presentado por el Gobierno para lograr un presupuesto de $523 billones para 2025. Según López, la iniciativa presentada no cumple con el objetivo de generar un mayor recaudo tributario, fundamental para cumplir con los compromisos del Presupuesto General de la Nación .

López, a través de un comunicado, explicó que el proyecto en cuestión amplía, ante todo, el cupo de deuda del Gobierno. Entre las medidas destacadas está el adelanto en un año de la aplicación de los nuevos estándares de la regla fiscal, permitiendo con ello un mayor endeudamiento. Además, incluye un artículo que permite que la deuda contraída para proyectos verdes no se contabilice dentro de los cálculos de la regla fiscal.

El economista señaló que “el Gobierno está hablando de una ley de financiamiento, pero este instrumento debería incorporar nuevas rentas fiscales al presupuesto”. Recalcó que gran parte de lo planteado no corresponde a nuevos ingresos sino a una mayor autorización para el endeudamiento. Esto, añadió, “no es una ley de financiamiento, sino una ampliación del cupo de crédito”.

Además del cupo adicional de endeudamiento, otro aspecto criticado por Anif es el período anticipado de transición de la regla fiscal, el cual, según López, incrementaría la capacidad de endeudamiento del Gobierno y generaría un mayor déficit fiscal. Esto no atrae ingresos adicionales y deja a la ley de financiamiento incapaz de cumplir con su propósito.

Desde Anif, se advierte que estos cambios pueden afectar negativamente el perfil de riesgo del país. Colombia podría enfrentar mayores tasas de interés en los mercados internacionales, lo cual impactaría directamente los costos financieros asumidos por todos los colombianos mediante impuestos. López subrayó que la experiencia del presupuesto anterior, que estuvo desfinanciado en más de 60 billones de pesos y con altos recortes, debería ser una lección aprendida.

“Nos preocupa presentar presupuestos ambiciosos sin considerar la realidad fiscal del país. Esto sólo lleva a ajustes ya pagar tasas de interés más altas”, concluyó López, enfatizando que cometer el mismo error en 2025 sería muy negativo para la estabilidad económica del país.