Se le acaba el tiempo a Gustavo Petro para aprobar su presupuesto para el 2025: no se logró acuerdo en el Congreso este jueves 12 de septiembre

Continua el debate en el Congreso de la República por la aprobación de los 523 billones de pesos que solicita el Gobierno Petro para ejecutar en 2025.

En la mañana del 12 de septiembre las comisiones económicas del Congreso se reunieron de nuevo para discutir la polémica cifra. Sin embargo, no lograron un acuerdo frente a la aprobación del monto solicitado por el Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por lo anterior, fue levantada la sesión y se convocó para el martes 17 de septiembre, aunque la fecha límite de aprobación era el 15 de septiembre. Además, antes de comenzar el debate se ponía en duda la posibilidad de votar y lograr cuórum ya que varios miembros de las comisiones se encontraban en Cartagena en Confecámaras, asegurando que se desplazarían a Bogotá cuando se lograra algún acuerdo con el presidente.

Con esto la incertidumbre persiste y el presupuesto que desde antes de ser aprobado enfrenta un déficit de 12 billones de pesos, situación que se espera mitigar con la cuestionada ley de financiamiento, queda en vilo.

El Presupuesto General de la Nación define cómo se distribuyen los recursos públicos en Colombia. La propuesta fue llevada ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, quienes tiene la labor de evaluarla y votar su aprobación. El miércoles 11 de septiembre, ambas comisiones se reunieron, pero no lograron llegar a un acuerdo sobre la cifra presentada. Según legisladores, no se debería aprobar un presupuesto que incluye un déficit significativo sin primero discutir la forma en que se financiará ese faltante.

El impacto del déficit y la falta de claridad sobre su financiamiento llevó a la Comisión Tercera del Senado a rechazar inicialmente la propuesta del ministro Bonilla, con 12 votos negativos contra 1 positivo. A pesar de posteriores debates técnicos, la comisión reafirmó su rechazo. Adicionalmente, propuestas alternativas que sugirieron presupuestos por 499 y 511 billones también fueron desestimadas.

Gustavo Petro, ante la posible falta de consenso en el Congreso, tiene la facultad de adoptar su propuesta inicial mediante un decreto si no se llega a un acuerdo antes del 15 de septiembre, sin embargo, no se ha pronunciado frente a la reprogramación hecha para el martes 17 del mismo mes. Este recurso le permitiría imponer el presupuesto de 523 billones de pesos sin que las comisiones (dos de Cámara y dos de Senado) hayan aprobado la cifra, reflejando así el alto grado de tensión e incertidumbre en el proceso.

Esta situación tiene implicaciones considerables para la estabilidad económica y política del país. El presupuesto es clave para la estabilidad fiscal, la inversión pública y la reactivación económica de Colombia. Las decisiones tomadas afectarán directamente la calidad de vida de los colombianos en el año 2025, particularmente en áreas como la infraestructura, educación, salud y programas sociales.

La presencia de bonificaciones adicionales dentro del presupuesto y su correcta financiación son temas prioritarios. La discusión se ha centrado notablemente en cómo el país puede generar los recursos necesarios sin recurrir a medidas que puedan agravar la situación fiscal. Un punto crítico es la implementación de una reforma tributaria, vista tanto como una solución necesaria como una potencial fuente de controversia política.

La falta de acuerdo a estas alturas del año legislativo es inusual y refleja divisiones significativas dentro del Congreso. Las decisiones que se tomarán en las próximas sesiones serán cruciales para determinar el curso económico de Colombia en 2025. Este proceso, no obstante, aún está lejos de resolverse y la incertidumbre continúa pesando sobre el panorama político y económico del país, en especial porque ni el Gobierno ni el Congreso quieren cambiar de parecer.

La ausencia de un presupuesto puede paralizar la ejecución de proyectos en áreas críticas como salud, educación, infraestructura y seguridad, afectando directamente el desarrollo del país. Esto en caso de que el Congreso no lo apruebe y la Presidencia no lo expida por decreto.

La falta de consenso en el Congreso sobre el presupuesto genera incertidumbre económica, ya que sin un presupuesto aprobado, las entidades gubernamentales no tienen claridad sobre los recursos disponibles. Esta situación complica la toma de decisiones y la implementación de nuevas políticas públicas.

En términos administrativos, la negativa del Congreso podría llevar a una parálisis administrativa. Sin un presupuesto definido, las instituciones gubernamentales podrían enfrentar dificultades para operar al no poder pagar salarios, adquirir bienes y servicios, o financiar proyectos. Esto podría llevar a un deterioro en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos y a retrasos en obras de infraestructura y programas sociales necesarios para el bienestar de la población.

Las repercusiones de no aprobar el presupuesto afectarán a diversos sectores clave de la economía y la sociedad colombiana. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los hospitales podrían encontrarse con dificultades para adquirir insumos médicos esenciales. En cuanto a la educación, las instituciones educativas podrían ver comprometida la calidad de los servicios que ofrecen. También en infraestructura, proyectos de construcción podrían detenerse debido a la falta de financiamiento, lo que a su vez impactaría negativamente en la generación de empleo y el crecimiento económico.