Exdirector de la Dian advierte que nueva reforma tributaria podría “quebrar la economía colombiana”

Son varias las críticas que ha recibido la Ley de Financiamiento (reforma tributaria) radicada recientemente por el Gobierno en el Congreso de la República.

En la mañana de este 12 de septiembre Lisandro Junco, exdirector de la Dian, concedió una entrevista a La Fm. Allí, el exfuncionario dijo que tal iniciativa legislativa, lejos de contribuir a fortalecer y dinamizar la economía nacional, resulta altamente perjudicial para las finanzas.

“Esta es una reforma que tiene muchos mensajes falsos por parte del Gobierno: no genera más presupuesto para el año 2025, no genera reactivación económica y apunta a la informalidad de todos los sectores”, dijo.

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Uno de los puntos más importantes es el impuesto al carbono que tiene, desde el Gobierno, argumentos ambientales. Para el exdirector de la Dian este impuesto provocará un encarecimiento en toda la cadena de suministro de servicios. Junco añadió que la operación logística de Colombia (casi todos los sectores productivos) se verá afectada debido a que los gastos son mayores.

A través de X, Junco también se fue lanza en ristre contra el articulado, señalando que el proceso de recuperación económica será el más afectado.

Así lo expuso textualmente en la mencionada red social:

• Supuestamente, necesitan recursos para el 2025 y sus efectos se verán mayormente en el 2026, cuando se pague y declare ganancia ocasional 20%, renta del 34% con la tarifa mínima de tributación del 20%.
• Usan el IVA para desestimular el consumo y eso no generan más recaudo, sino menos.
• Gasolina más cara para todo. Incluye motos, taxis, vehículos y transporte con el incremento del impuesto al carbono.
• Vuelven las exenciones para sector turismo y energías renovables que eliminó el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
• Eliminan el simple (régimen de tributación), afectando la formalidad y disminuyendo el recaudo de la Nación y municipios.

El articulado del proyecto de Ley contempla varios puntos que podían afectar a los colombianos. Entre ellos, los cambios al impuesto al patrimonio para las personas cuyos bienes superen los $1.882 millones con una tarifa del 0,5%. También, incluye el impuesto que se aplicará sobre los activos no productivos, por lo que más personas tendrán que hacer aportes al Estado.

Mientras que las grandes empresas no verán una gran reducción en el impuesto de renta. Aunque el Gobierno planteó disminuir esta tarifa, el grueso de las deducciones se aplicará a las microempresas, por lo que las compañías consolidadas tendrán que pagar un 33% de impuesto a la renta en 2030.

El proyecto de Ley también busca crear un esquema de tarifas marginal para el impuesto de renta que variaría año a año. Igualmente, está contemplado que diferentes sectores continúen pagando sobretasas a la renta. Es el caso para los bancos (cinco puntos extras hasta 2027), las petroleras, las empresas de carbón, que pagarán entre 10% y 15%, según los precios internacionales, y las hidroeléctricas pagarán tres puntos extra hasta el año 2026.

De igual manera, la ley de financiamiento tiene como fin que desaparezca el régimen simple, que establece el costo a pagar de las pequeñas y medianas empresas en términos de impuesto de renta y pago del IVA. Esta herramienta se usa para impulsar la formalización de empleo en el país, por lo que miles de colombianos podrían verse afectados si llega a ser aprobado este punto.

Por otro lado, el articulado generó preocupación entre los distintos sectores del país, por la propuesta de que el Gobierno estaría en capacidad de adquirir deuda externa para financiar proyectos de cambio climático sin incumplir la regla fiscal. Según el texto no serían tenidas en cuenta los proyectos verdes en los límites de endeudamiento establecidos para cada año.

A propósito de impulsar los proyectos verdes, la iniciativa busca otorgar recompensas por denunciar evasión y contrabando. En el documento que presentó el ministro Bonilla, el Estado colombiano otorgaría una recompensa en dinero del 20% a quienes entreguen pruebas de la evasión de impuestos de otras personas o empresas.