Presupuesto de Gustavo Petro no se ha caído pero está en la cuerda floja: qué puede pasar con la propuesta del Gobierno

El miércoles 11 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso de la República rechazaron el monto propuesto por el Gobierno para el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025.

El valor señalado por el Ejecutivo, 523 billones de pesos, fue negado, al igual que las propuestas alternativas, lo que resulta en un escenario inédito en la historia del país.

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El rechazo del monto solicitado generó una profunda incertidumbre debido a que las normas colombianas no han contemplado un procedimiento a seguir en tal situación. El Congreso y el Gobierno del presidente Gustavo Petro ahora se enfrentarán a un panorama sin precedentes, ya que no lograron consenso sobre el recorte necesario ni sobre mantener la cifra planteada por el gobierno.

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto, Henry Amorocho, de la Universidad del Rosario, indicó que la negativa del Congreso limita la consideración de la ley de financiamiento radicada en el Congreso el 10 de septiembre. Este proyecto, necesario para alcanzar los 523 billones de pesos del PGN, busca recaudar 11,8 billones de pesos, sin los cuales el presupuesto tendría un déficit significativo.

“El reducir el monto de gastos le quita posibilidades al Gobierno para que se entre a considerar el proyecto de ley de financiamiento, del cual no se ha definido ni ponente”, dijo Amorocho a Portafolio.

Al no aceptar ninguna de las propuestas ($511 billones de Efraín Cepeda y $499 billones planteados por la senadora Angélica Lozano), se agrava la situación legal y económica. Amorocho mencionó que reducir el monto del PGN a $511 billones o menos significaría la desaparición de la ley de financiamiento, ya que no habría déficit que cubrir.

“El proyecto ya no podrá ser tratado como proyecto de ley de financiamiento, porque ya no habría justificación para cerrar un déficit (el del PGN), ya que el Congreso estaría reduciéndolo”, agregó Henry Amorocho.

Jorge Eliécer Salazar, presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, convocó a una nueva sesión, el jueves 12 de septiembre a las 9:00 a.m., para determinar los pasos a seguir. El representante expresó la necesidad de resolver las consultas sobre el procedimiento cuando se niega el monto. Este panorama muestra la falta de definición en la Ley 111 de 1996, que solo menciona la necesidad de fijar el monto antes del 15 de septiembre.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, describió la situación como un “limbo” debido al estancamiento entre las comisiones de la Cámara y el Senado. Mientras las de la Cámara apoyan al gobierno, las del Senado buscan reducir el monto, lo cual impidió llegar a un monto definitivo, lo que puede desencadenar una serie de consecuencias legales y disciplinarias por incumplimiento de funciones, según advirtió el profesor Amorocho.

El decreto 111 de 1996 establece que si el Congreso no amplía el presupuesto antes del 20 de octubre, regirá el proyecto presentado por el gobierno. Sin embargo, persisten dudas sobre si se puede debatir el resto del proyecto sin un monto aprobado y específicamente cómo actuar sin un acuerdo antes del 15 de septiembre.

La aprobación del PGN bajo estas condiciones es crítica, dado que afecta la estabilidad fiscal y económica del país. Christian Garcés, representante del Centro Democrático, advirtió que la falta de consenso aumenta el riesgo en el país y puede provocar alzas en las tasas de los préstamos.

La situación se complica porque, aunque la ley permite que el presidente promulgue el presupuesto por decreto si no se llega a un acuerdo, esto presionará aún más las disputas políticas actuales. Las dos facciones deberán encontrar una solución para evitar una crisis económica y política aún mayor.

Hasta el momento, el gobierno de Gustavo Petro no ha mostrado intención de negociar alternativas al monto original de 523 billones de pesos, planteando un escenario incierto sobre la dirección que tomará el debate presupuestario en los próximos días.

Ante este tumultuoso panorama fiscal, sigue habiendo muchas incógnitas sobre el procedimiento sin precedentes que deberá adoptar el Congreso de la República.