El Estado colombiano ha sido condenado a pagar una indemnización millonaria por la muerte del líder social Luis Barrios, quien fue asesinado el 3 de julio de 2018 en el municipio de Palmar de Varela, Atlántico.
La sentencia del juzgado 64 administrativo del Circuito de Bogotá establece que el Estado debe indemnizar a la familia de Barrios con 1.100 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente 1.500 millones de pesos.
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Luis Barrios, un conocido líder social, denunció en repetidas ocasiones amenazas en su contra y solicitó medidas de protección ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, según la sentencia, estas solicitudes no fueron adecuadamente atendidas por la Policía Nacional, que se limitó a realizar charlas de autoprotección y rondas policiales, acciones consideradas insuficientes por el juzgado, según lo informó Noticias Caracol.
Según Humberto Torres, abogado defensor de derechos humanos que lleva adelante el caso, la omisión grave por parte de la Policía Nacional en la protección de Barrios fue un factor determinante en el fallo. Torres destacó tres hechos relevantes:
- Las denuncias de Barrios sobre vínculos de la Policía con la venta de estupefacientes.
- La solicitud de medidas materiales de protección por parte de la Fiscalía que no fueron ejecutadas.
- La consideración del bajo riesgo por parte de la UNP pese a las reiteradas amenazas.
El asesinato de Barrios ocurrió cuando sicarios entraron a su vivienda mientras se jugaba un partido de la Selección Colombia contra Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, partido que terminó 1-1. Este hecho fue conocido nacionalmente, al punto que el ministro del Interior de la época, Guillermo Rivera, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en no haber brindado protección efectiva a Barrios.
El fallo judicial subraya que las charlas de autoprotección y las rondas policiales no constituyen medidas oportunas ni eficaces para garantizar la seguridad de los líderes sociales en Colombia. En consecuencia, se cuestiona la capacidad de estas medidas para cumplir con el mandato de protección hacia estos individuos, quienes juegan un papel crucial en la sociedad.
Bruno Pambelé sería el líder social número 110 asesinado en Colombia en el 2024
Bruno Pambelé Moreno, un líder social indígena, fue asesinado en Arauquita, Arauca, incrementando a 110 el número de víctimas de violencia este año en Colombia, según informó Indepaz. El asesinato de Pambelé Moreno, perteneciente a la comunidad hitnü, ocurrió el 7 de julio, aunque su deceso fue reconocido oficialmente el pasado 21 de agosto.
Indepaz, una organización clave en la documentación de violencia social en el país, detalló que Pambelé Moreno fue ultimado por grupos armados que operan entre Arauquita y Arauca. Además, reveló que la comunidad, impedida de recibir apoyo de la funeraria, tuvo que encargarse de sus honras fúnebres debido a la intervención de los agresores.
El contexto de violencia en Arauca se muestra alarmante con cifras que reflejan la peligrosidad para líderes sociales y firmantes de acuerdos de paz. Con corte del 21 de agosto del 2024, ya se han registrado 110 asesinatos de figuras clave para las comunidades, lo que subraya la persistencia del conflicto armado y la vulnerabilidad continua de aquellos que buscan promover la paz y el desarrollo social en sus territorios.
Este evento, además, resalta el papel crucial que juegan organizaciones como Indepaz en la denuncia y seguimiento de estos crímenes en áreas rurales afectadas por la violencia estructural.
Entre el 7 de agosto y el 20 del mismo mes, el número de asesinatos aumentó en 11 casos, según Indepaz. La reacción de los defensores de derechos humanos ha sido contundente ante la falta de medidas eficaces del gobierno cuyo lema es hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, han alertado repetidamente sobre la omisión estatal que facilita la continuación de estos crímenes. La preocupación radica en la percepción de que las acciones gubernamentales no están siendo suficientes para frenar estos asesinatos, lo que pone en riesgo el liderazgo social en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia.
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