Colombia se abstuvo, otra vez, de firmar declaración internacional que pide restablecer la democracia en Venezuela

Colombia, junto con otras naciones como México y Brasil, no firmó la declaración conjunta de 49 países y la Unión Europea presentada en las Naciones Unidas, que pedía “restablecer las normas democráticas en Venezuela”.

Esta ausencia fue notable, ya que Colombia, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, ha intentado mantener un enfoque más equilibrado en sus relaciones con Venezuela, evitando confrontaciones directas con el régimen de Nicolás Maduro y favoreciendo el diálogo regional.

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La declaración, leída por el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, fue elaborada el 12 de septiembre y no incluyó un llamado específico a que la ONU interviniera directamente en la crisis venezolana. En su texto, los firmantes instaron a que los venezolanos iniciaran discusiones inclusivas para resolver el problema electoral generado tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

Los delegados notaron discrepancias significativas entre los resultados reportados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aquellos documentados por la sociedad civil y la oposición democrática. Más del 80% de las actas, escrutadas y corroboradas por observadores independientes, exhibe resultados divergentes, lo que ha incrementado la exigencia de transparencia.

En este sentido, se urgió al CNE a publicar inmediatamente los resultados completos, permitiendo su verificación imparcial por observadores independientes, para así restablecer la confianza pública en el proceso electoral.

El movimiento se fundamenta en el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que apoya la liberación completa de los resultados electorales. Además, un informe preliminar del Panel de Expertos de la ONU destacó la insuficiencia de “medidas básicas de transparencia e integridad” en el proceso electoral venezolano. Esta revisión subrayó la necesidad de implementar protocolos confiables para fomentar la credibilidad del sistema electoral.

La crisis humanitaria en Venezuela sigue siendo una preocupación internacional. Desde las elecciones del pasado 28 de julio, el país se encuentra sumido en una severa crisis que el gobierno de Nicolás Maduro se niega a dejar auditar, lo que ha generado tensiones y críticas a nivel mundial.

En este contexto, Colombia ha manifestado su disposición para contribuir a superar la situación actual, según declaraciones del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo.

Murillo afirmó que a pesar de los complejos desafíos, el Gobierno continúa manteniendo comunicación tanto con la administración de Caracas como con los líderes de la oposición venezolana, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González, este último actualmente exiliado en España.

El diálogo busca explorar alternativas que lleven a una resolución pacífica del conflicto político en Venezuela, un objetivo que también comparten otras naciones de la región como Brasil y México. Durante una conferencia, el canciller subrayó: “Es importante el diálogo que conlleve a acuerdos y que estos acuerdos a la paz política de Venezuela”.

Paralelamente a la sesión realizada por la ONU, Estados Unidos ha lanzado un nuevo conjunto de sanciones contra Venezuela, afectando a 16 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a la presidenta de la Corte Suprema venezolana.

Esta decisión responde a lo que las autoridades estadounidenses consideran un fraude electoral y numerosas violaciones a los derechos humanos, según informó el secretario de Estado, Antony Blinken.

Estos individuos están implicados en la obstrucción de elecciones y represión de la oposición en Venezuela, intentando, según el gobierno estadounidense, perpetuarse en el poder por medio de la fuerza.

Entre los sancionados se encuentran figuras destacadas del ámbito judicial, militar y electoral de Venezuela. Los más prominentes incluyen a Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Corte Suprema, Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral, Domingo Antonio Hernández Lárez, alto mando militar, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la asamblea nacional afiliada a Nicolás Maduro.

Blinken afirmó que, en vez de respetar la voluntad del pueblo, las autoridades venezolanas han declarado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática. Washington señaló que estos 16 funcionarios han impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados precisos.