Nicolás Petro Urrego, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, enfrenta serias acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia se reanudó en la mañana del 11 de septiembre, ante el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla, tras haber sido suspendida el 10 de septiembre por el juez Hugo Carbonó Ariza.
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La suspensión permitió revisar un elemento clave vinculado a una inspección realizada durante la investigación, lo que brindó tiempo para analizar más detalladamente la documentación y pruebas presentadas. El miércoles, la Fiscalía General de la Nación, liderada por Lucy Marcela Laborde, presentó un análisis más exhaustivo de los cargos imputados.
En el desarrollo de las sesiones previas, la Fiscalía imputó a Nicolás Petro por ser coautor de lavado de activos y autor de enriquecimiento ilícito de servidor público. Además, Day Vásquez, también vinculada al caso y quien es exesposa del sindicado, enfrenta cargos como coautora de lavado de activos y autora de violación de datos personales.
Las acusaciones se centran en la presunta obtención de recursos de procedencia ilícita y posterior legalización a través de distintos medios, los cuales no habrían sido declarados a las autoridades correspondientes. Este proceso judicial es de interés público no solo por la relevancia de los implicados, sino también por las repercusiones políticas y sociales que puede acarrear.
Durante la audiencia del 11 de septiembre, la Fiscalía esperaba esclarecer más detalles sobre los recursos no declarados y la participación específica de Nicolás Petro y Day Vásquez en estos hechos. Según otros análisis previos, la defensa de Nicolás Petro ha insistido en la falta de pruebas contundentes y busca desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
Mientras se desarrollan estas audiencias, la atención pública y mediática se mantiene alerta ante cualquier novedad. La figura de Nicolás Petro como hijo del actual presidente y la naturaleza de los cargos contra él han generado un interés significativo tanto en medios nacionales como internacionales.
Este proceso judicial sigue en curso al igual que la audiencia, la cual se suspendió por solicitud de la Fiscalía. Además, se espera que los próximos encuentros continúen aportando elementos claves para la resolución del caso.
Por ahora, según el juez del caso, la audiencia se reanudará entre el 21 y el 23 de octubre.
La audiencia del 10 de septiembre
Diego Henao, abogado defensor de Nicolás Petro, anunció su intención de citar a cerca de 60 personas como testigos en el juicio contra su cliente. Entre los citados se encuentran personas de interés como Daysuris Vásquez, exesposa de Petro, su madre y hermana, además de figuras públicas como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el empresario barranquillero Cristian Daes.
En la sesión del 10 de septiembre, la fiscal del caso expresó la necesidad de esclarecer algunos detalles, comentando: “Solicito a su señoría, muy comedidamente, toda vez que tengo una información que debo aclarar de qué se trata esa inspección a lugares que se efectuó”. Este proceso se ha visto envuelto en cambios inesperados: Lucy Marcela Laborde, delegada contra el lavado de activos, asistió nuevamente a esta fase del proceso luego de la separación del fiscal Mario Burgos, quien enfrenta cargos por presuntas irregularidades en el caso, formulados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El acusado, Nicolás Petro, llegó acompañado de su pareja sentimental, Laura Ojeda, a la audiencia. Se prevé que una parte sustancial de la estrategia de la defensa girará en torno al testimonio de personas cercanas y relevantes en la narrativa del caso, incluyendo figuras como el “Turco” Hilsaca y la revisora fiscal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
En esa jornada, Henao mencionó un “seguimiento pasivo” a su cliente, afirmando que se utilizó la figura de “agente encubierto” en lugar de “fuente humana”. Este punto podría ser crítico para la argumentación de la defensa en el juicio que se avecina, agregando una capa de complejidad a las diligencias judiciales.