En un fuerte pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó en contra del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, que presentó, junto al también magistrado Benjamín Ortiz, la ponencia que tiene en aprietos al jefe de Estado: en la que se comprobaría que su campaña para los comicios del 2022 habría violado los topes de campaña en cerca de $5.355 millones.
Con un mensaje en el que replicó un video de la cuenta en X de la contratista de Rtvc María Niny Echeverry, que además es férrea defensora de la gestión del primer mandatario, Petro enfiló señalamientos contra el exrepresentante a la Cámara por Huila, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y, con un corto, pero contundente mensaje, atacó al exparlamentario, al que calificó no tener “ninguna autoridad” para juzgarlo.
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“Simplemente, este señor no tiene ninguna autoridad para juzgarme porque se considera mi enemigo político”, expresó Petro en su cuenta, lo que de inmediato causó diversas reacciones, en especial de los críticos de su administración. Con ello, hizo hincapié en la militancia de Prada en uno de los partidos opositores a su administración, como el Centro Democrático, del que su líder político es, justamente, Uribe Vélez.
En su momento (5 de agosto), el CNE, en respuesta a duros señalamientos hechos por Petro, que incluso trató de “vagabundos” a los miembros del organismo, reiteró que el caso fue asignado por reparto a los magistrados Prada y Ortiz, y que todas las actuaciones a cargo de esta autoridad electoral se desarrollan con base en las competencias otorgadas por la Constitución y las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005 y 1475 de 2011.
La ponencia de Prada y Ortiz que causó la fuerte respuesta de Gustavo Petro
En la investigación que los magistrados adelantaron con el apoyo de un grupo interdisciplinar, se registró una violación de topes de la campaña por el orden de los $5.355 millones, que tendría su origen en aparentes irregularidades en el reporte de aportes hechos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión Sindical Obrera (USO) y el partido Polo Democrático Alternativo, como los casos más llamativos.
De estos, 3.709 millones de pesos que configurarían el monto que se excede del permitido se registraron en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta se reportaron ingresos por encima de los límites por $1.646 millones. Tal como se mencionaba, en el caso de Fecode, por ejemplo, no se habrían reportado los $500 millones dados; como tampoco el pago de testigos electorales por $931 millones, ni propaganda por $356 millones.
A esto se suma que no se reportaron en el aplicativo Cuentas Claras que la firma Daily Cop fue la que prestó el transporte aéreo para Petro y su equipo: por concepto de $1.249 millones en la primera vuelta, y $962 millones en la segunda; es decir, casi la cifra mencionada por Ómar Hernández, socio de esta compañía, que habló de que al menos $2.000 millones se habrían dado a la aspiración del hoy jefe de Estado en 2022.
Sobre el particular, es oportuno recordar que el 6 de agosto el Consejo de Estado dio a conocer el fallo favorable en cuanto a las competencias del CNE para investigar las finanzas reportadas por Petro, a través del que fue su gerente, Ricardo Roa.
“Declarar competente al Consejo Nacional Electoral, para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar”, determinó el órgano judicial.