Qué es la dictadura fiscal de la que acusan a Gustavo Petro y cómo afecta al Presupuesto General de la Nación

El presidente Gustavo Petro aseguró que si no se aprueba la nueva ley de financiamiento su Gobierno se verá obligado a recortar el gasto público, pero que estas reducciones no afectarán a los pobres ni el gasto social.

Con la declaración anterior, Colombia enfrenta un complejo panorama con la tramitación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, un escenario que ha encendido alarmas sobre la posibilidad de entrar en una “dictadura fiscal”.

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El Gobierno Nacional presentó recientemente ante el Congreso de la República su ley de financiamiento. Esta iniciativa busca reunir los $12 billones necesarios para equilibrar el PGN, que ha sido estimado en $523 billones por el Ministerio de Hacienda.

Esta cifra representa un incremento del 3,9 % respecto al presupuesto de 2024. Sin embargo, el proyecto enfrenta dificultades, no solo por los tiempos ajustados que requiere su aprobación antes del 20 de octubre, sino también por la falta de convencimiento del Legislativo respecto a las cuentas presentadas.

Desde el Congreso, algunos legisladores han sugerido que la solución más viable podría ser reducir el presupuesto a $511 billones, una medida que evitaría la inestabilidad fiscal y que podría reflejar un déficit financiero más preciso.

Esta propuesta surge ante la inquietud de que la reforma tributaria, prevista por el Ejecutivo para cubrir el déficit, podría no lograrlo por completo.

Si no se alcanza un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso, es posible que el Gobierno Nacional decrete el presupuesto, activando así lo que se denomina “dictadura fiscal”, la cual, según la página oficial del Ministerio de Hacienda, es “el evento en que el Congreso de la República no aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación, para lo cual regiría el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno, incluidas las modificaciones aprobadas por el Congreso de la República en primer debate”.

Este mecanismo está previsto en la Constitución para asegurar la continuidad de la actividad financiera del Estado en ausencia de un acuerdo oportuno.

Aunque se usaría el monto propuesto por el Ejecutivo, la distribución se basaría en documentos como el Marco Fiscal, asegurando así que no se excedan los límites establecidos de deuda. Esto implicará que el presupuesto efectivo se reduciría a los $511 billones en ausencia de los $12 billones necesarios para balancearlo.

En Colombia, un concepto relevante en el ámbito fiscal es la llamada “dictadura fiscal”, un mecanismo legal que garantiza la continuidad financiera del Estado en situaciones excepcionales. Este término se refiere a una situación establecida en la Constitución Política de Colombia y su Estatuto Orgánico de Presupuesto, donde el Presupuesto General de la Nación (PGN) y entra en vigencia sin la aprobación formal del Congreso de la República.

Cuando el Congreso no aprueba el proyecto de presupuesto en el tiempo estipulado, el presupuesto presentado por el Gobierno, con las modificaciones aprobadas en el primer debate, se implementa automáticamente.

Este procedimiento asegura que la administración pública continúe funcionando, evitando cualquier interrupción en las operaciones financieras del Estado, en cumplimiento con lo establecido por el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Históricamente, Colombia ha experimentado momentos críticos asociados con su gestión fiscal. Por ejemplo, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), se implementaron varias medidas económicas y fiscales controvertidas. Aunque no se referían específicamente a la “dictadura fiscal”, este periodo reflejó un control autoritario sobre las finanzas del Estado.

Posteriormente, el país atravesó el Frente Nacional (1958-1974), una etapa en la que los partidos Liberal y Conservador se alternaban en el poder. Aunque no constituyó una dictadura clásica, ya que todavía no existía la Constitución de 1991, este acuerdo político influyó en la gestión fiscal y política de Colombia.

La “dictadura fiscal” es, por tanto, una herramienta que, aunque suene polémica, es fundamental para asegurar la estabilidad y continuidad de la gestión pública en momentos donde el consenso político no es alcanzable de manera oportuna y efectiva, por ahora resta esperar a ver cuáles son las decisiones y acuerdos a las que llegará el Gobierno con el Congreso.