El plan del Gobierno para unir economía y medio ambiente: así funciona la regla fiscal verde

El Gobierno de Colombia dio a conocer una propuesta denominada la regla fiscal verde. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo central incorporar criterios de sostenibilidad ambiental en la gestión fiscal del país. La intención detrás de este enfoque es que los asuntos económicos y ecológicos no se traten por separado, sino que formen parte de una estrategia unificada que permita enfrentar de manera simultánea los desafíos fiscales y los compromisos en materia de protección ambiental.

La regla fiscal verde establece que una porción significativa de los recursos financieros se destine a proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, preserven los recursos naturales y combatan los efectos del cambio climático. Con esta normativa, el Gobierno no solo busca estabilizar las finanzas públicas, también garantizar que las inversiones en infraestructura y desarrollo económico tengan un impacto positivo en el medio ambiente.

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El proyecto de ley denominado Proyectos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático fue presentado como parte de la nueva reforma tributaria en Colombia, con el objetivo de introducir cambios fundamentales en la gestión fiscal del país. La propuesta aborda las necesidades fiscales, a su vez que busca integrar principios ambientales de manera estructural en las políticas económicas del Estado.

En esencia, se busca que las decisiones relacionadas con los ingresos, gastos y niveles de endeudamiento del Gobierno estén intrínsecamente vinculadas a consideraciones ambientales. La regla tiene como meta no solo garantizar la estabilidad económica, también asegurar que las acciones del Estado promuevan un desarrollo sostenible a largo plazo.

Además, esta iniciativa busca que los presupuestos del Gobierno se orienten hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la protección de la biodiversidad y la implementación de medidas concretas para mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Evaluación del impacto ambiental en la política fiscal: esta iniciativa propone que todos los proyectos de inversión pública y políticas fiscales sean evaluados con un enfoque doble: no solo desde la óptica de su rentabilidad económica, sino también en términos de su impacto ambiental. Se dará prioridad a los proyectos que generen beneficios tangibles para el medio ambiente, tales como la reducción de emisiones de gases contaminantes, la conservación de ecosistemas y las estrategias de adaptación frente al cambio climático.

Inversión en infraestructura verde: un pilar fundamental de esta propuesta es la asignación de recursos hacia el desarrollo de infraestructura sostenible. Esto incluye inversiones en áreas como el transporte público eléctrico, la generación de energía renovable, la recuperación de ecosistemas degradados y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. La idea es fomentar un modelo económico que no solo sea eficiente, también respetuoso con el entorno natural.

Deuda vinculada a objetivos ambientales: se prevé la emisión de bonos soberanos verdes, un mecanismo financiero que permitiría al país recaudar fondos para proyectos sostenibles mediante el endeudamiento, pero bajo condiciones diseñadas para favorecer la protección ambiental. Además, la política busca vincular la gestión de la deuda pública con el cumplimiento de metas climáticas específicas, incentivando el uso de recursos en iniciativas que promuevan la sostenibilidad.

El Gobierno destacó que la regla fiscal verde busca proteger el medio ambiente, a su vez que impulsa el crecimiento económico de manera sostenible. Según el ministro de Hacienda, esta medida posicionará a Colombia como un país más competitivo en el ámbito global, facilitando la atracción de inversión extranjera y potenciando el desarrollo de tecnologías necesarias para avanzar hacia la transición energética.

También se prevé que la diversificación de la matriz energética disminuya la dependencia del país en las exportaciones de petróleo y carbón, que aunque son importantes para la economía, generan un considerable impacto negativo en el medio ambiente.