David Luna propone congelar el presupuesto de Colombia para para no seguir “subiendo impuestos todos los años”

“Nos acostumbramos a gastar más sin ver mejores resultados”, podría ser la frase que resuma el origen de la propuesta que, vía X, compartió el senador David Luna, de Cambio Radical, en relación con el Presupuesto General de la Nación para 2025 propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo que el parlamentario propone es congelar por cuatro años el PGN para establecer gastos fijos y promover la austeridad en el Estado.

A través de un hilo de catorce trinos, Luna destaca que tras la pandemia el presupuesto del país ha crecido de manera alarmante, pasando de 360 billones de pesos en 2020 a 503 billones para 2024.

Sin embargo, el senador cuestiona si este aumento ha llevado a una mejora en la calidad del Estado y los servicios públicos.

Luna señala un ejemplo de derroche: el presupuesto de la Presidencia de la República ha crecido un 313% entre 2019 y 2024. A pesar de este incremento, el senador sostiene que la Presidencia no ha demostrado ser más eficiente que antes, sugiriendo que el gasto elevado no se traduce en mejores resultados.

Además, el senador critica la eficacia del gasto público, mencionando que, según la Ocde, en 2019 los impuestos y transferencias estatales lograron reducir el índice de desigualdad en apenas 0,02 puntos, el peor resultado entre los países de la Ocde. Luna argumenta que esto refleja una mala gestión tanto en la recaudación como en el uso de los impuestos.

Luna también se opone a la idea de que un mayor tamaño del Estado es la clave para el desarrollo. Presenta una comparación con países desarrollados como Noruega y Suecia, que en los años 50 tenían un gasto público equivalente al 20% de su PIB, Colombia alcanzó un 35% en 2021. El senador considera que los intentos del gobierno por aumentar impuestos, que se prevé aumenten casi un 25% en 2025, son insostenibles y que los ciudadanos ya no pueden soportar más cargas fiscales.

Para abordar estos problemas, Luna propone tres reformas:

• Control del crecimiento del gasto de funcionamiento: Establecer una regla estándar para limitar el aumento del gasto a la tasa de inflación proyectada, evitando incrementos en áreas no prioritarias.
• Análisis y revisión del gasto: Realizar un análisis exhaustivo del gasto de las principales entidades del gobierno para identificar áreas de despilfarro. Luna sugiere que ajustar el crecimiento del gasto en las principales 10 entidades que representan el 80% del presupuesto podría ahorrar hasta 16,8 billones de pesos.
• Revisión de aumentos atípicos: Examinar casos donde el gasto ha crecido de manera desproporcionada, ajustando estos aumentos para evitar el despilfarro y generar ahorros significativos.

Luna enfatiza que congelar el presupuesto no implica detener el desarrollo del país, sino permitir un respiro para la economía de los ciudadanos y liberar el potencial de empresas y comercios. Concluye que el Estado debe aprender a gestionar mejor los recursos actuales para que los ciudadanos puedan vivir mejor.

“Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la constitución dice que el Gobierno lo decreta. Como está desfinanciado se entrega al congreso la ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa y financiamos el desbalance con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por Internet y la reducción de exenciones. Si el congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”, escribió el mandatario.

Entre las propuestas presentadas por Petro, se destaca la reducción del impuesto de renta para beneficiar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y una sobretasa al petróleo y el carbón para compensar el desbalance financiero.

Además, se planea gravar los juegos de suerte y azar por internet y revisar las exenciones fiscales existentes. Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo equilibrar la inversión pública y las necesidades sociales sin afectar a los más vulnerables.

El centro del debate reside en quién tiene la última palabra: ¿El Congreso de Colombia o el presidente? La ley de financiamiento es esencial para asegurar los fondos para el funcionamiento del Estado y su inversión. La posibilidad de que el Congreso rechace la propuesta de ley plantea el desafío de recortar el gasto público y la incertidumbre sobre las consecuencias para las finanzas del país.