Clan del Golfo recibiría más 120 dólares por cada migrante que cruza por el tapón del Darién

El Clan del Golfo continúa posicionándose como uno de los grupos armados más peligrosos en el territorio nacional. Y es que más allá de los múltiples atentados que han concretado contra la fuerza pública, así como contra la ciudadanía desde hace meses, esta estructura criminal ha basado cierta parte de sus operaciones en el Tapón del Darién, zona bastante transitada por las miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México.

Los integrantes de este grupo armado, cuya mayor presencia está en departamentos tales como Chocó, Antioquia, Córdoba, entre otras zonas del noroccidente del país, han sembrado el terror entre los migrantes, obligándolos a pagar ciertas “cuotas” con el fin de permitirles pasar al interior de la selva, donde miles de ellos han fallecido producto de las condiciones que allí se registran.

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Tal habría sido la “magnitud” de este tipo de prácticas llevadas a cabo por este grupo que, incluso, ya habrían llegado a fijar una cifra para cada una de las personas que aspiran a cruzar por el Tapón.

Según explicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de la Human Rights Watch, el grupo armado estaría cobrando 125 dólares por cada migrante que desee atravesar la zona.

De hecho, la dirigente enfatizó en que, abarcando los datos que tienen las autoridades sobre las personas que cruzaron esta región del territorio nacional, el grupo armado habría recaudado hasta 65 millones de dólares, solo en 2023.

“Nuestra operación pudo concluir que el Clan del Golfo controla todo el negocio de los barcos que salen de Necoclí y que salen de Turbo. Hay una total presencia (del grupo armado) y una ausencia absoluta del Gobierno nacional, los pocos funcionarios que están allí, a duras penas, recogen algo de documentos y ni siquiera saben cuántas personas salen”.

Goebertus fue clara en que, tras analizar todo el panorama en zonas como Necoclí y Turbo, desde donde salen miles de migrantes para la zona selvática, los organismos encargados pudieron constatar que “hay realmente una falta de control migratorio y de seguridad por parte de las autoridades colombiana en este territorio”.

Ante ello, la dirigente centró la responsabilidad en la administración encabezada por Gustavo Petro, desde donde no estarían tomando las medidas necesarias para frenar el avance del grupo armado en esa región del país.

“Nos encontramos ante un Gobierno que no está negando que el Clan del Golfo está ejerciendo este tipo de control y que sabe de esta situación”, sentenció.

Y es que desde el Gobierno Petro habrían mostrado una posición de “conformismo” ante el poderío que tendría el Clan del Golfo en esa zona del territorio nacional.

Por ejemplo, Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, generó polémica luego de que anunció que el Clan del Golfo decidió “apoderarse” de Quibdó, capital del Chocó y una de las ciudades más importantes del Pacífico colombiano.

De hecho, con cierta tranquilidad, el funcionario calificó la situación de “tenaz” e indicó que la intención de la estructura criminal es apoderarse de la operación de los grupos delincuenciales en la ciudad, así como en la región.

“Hoy el Clan del Golfo ha tomado la decisión de apoderarse de Quibdó, la capital de un departamento, y eso no es cosa menor. Lo están haciendo asesinando, creando temor o apoderándose de otras bandas que allí operan como Los Mexicanos, RPS y otras. Ellos quieren desalojarlos para apoderarse de ese territorio”, indicó el funcionario en medio de un debate de control político el 3 de septiembre del presente año.

El alto comisionado de Paz fue claro en que la situación ha afectado, incluso, a personas que no están inmersas en el ámbito delincuencial en la capital chocoana, quienes han llegado a ser amenazadas de muerte.

“Condenan a muerte a muchas mujeres, que no son de las bandas, y las publican y les dicen que tienen que salir del territorio. De tal manera que esos son problemas graves que están sucediendo en estos procesos”.

Patiño sentenció que “es un problema grave que está sucediendo en esta zona del país”.