Anuncian medidas para prevenir desabastecimiento de agua en la Sabana y Bogotá: pidieron consumo responsable

En la tarde del martes 10 de septiembre de 2024, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, confirmó que el embalse de Chuza, vital para el suministro de agua en Bogotá, podría no tener la capacidad para abastecer a la ciudad si no se ajustan los hábitos de consumo y ahorro de agua a partir de octubre.

Según la ministra, la preocupación surgió por el nivel actual del embalse, que se encuentra entre el 38% y el 44%, lo que hace pensar en una proyección de bajo nivel de reservas para diciembre: “Si nosotros llegamos a diciembre con un embalse en 22% no habrá suficiente capacidad de las reservas para sobrepasar el periodo de temporada seca hasta llegar a la temporada de lluvia”, comenzó por explicar Muhamad.

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En ese sentido, la ministra agregó que se necesita, de manera urgente, implementar medidas para el control de la demanda del agua, que es estimada en 3m³ por segundo al día, comenzando en octubre.

Por otro lado, Muhamad hizo un llamado a las autoridades ambientales para que implementen estrategias de vigilancia y control sobre el consumo de agua y el manejo de concesiones, dado que estas medidas son vitales porque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a través de su directora, Ghisliane Echeverry, anunció que se espera una reducción significativa en las lluvias en la región de la Orinoquía, particularmente hacia el embalse de Chuza.

Esto, según Echeverry, llevaría a que las condiciones de los embalses sean bajos, dado que se puede registrar una “reducción paulatina de las lluvias hacia diciembre, lo cual se ve reflejado en bajos aportes en volumen hacia los embalses”, especificó.

Frente a esta situación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) anunció un paquete de medidas tarifarias estrictas, las cuales, serán implementadas a través de incrementos en las facturas de hasta el doble por metro cúbico para aquellos que excedan el consumo mínimo promedio establecido, según lo reportado por Minambiente.

Así lo comunicó Ruth Quevedo Fique, experta de la Comisión de Regulación Agua y Saneamiento Básico (CRA), que dio a conocer las medidas para evitar el desabastecimiento de agua en la región de la Sabana y Bogotá, pues comenzó por acotar que “es una resolución de carácter nacional; sin embargo, se va a aplicar solamente para la región dependiente del agua Amazonía, Orinoquía, conforme a las predicciones del Ideam”.

Una de las medidas destacadas mencionadas por Quevedo incluye la regulación del consumo de agua en la región, pues “en el caso de clima frío los consumos promedios por estratos, desde el estrato 1 al 4, se van a medir en 12 metros cúbicos de uso mensual, en el caso de los estratos 5 y 6, este consumo debe llegar a 9″, por lo que habrá consecuencias para aquellos que no se ajusten a estos límites. En ese sentido, Quevedo advirtió que “va a haber mayores cobros en el servicio de agua, en su componente variable, es decir, en la cantidad de litros que ustedes usan al día”.

En relación con las industrias y comercios, la experta destacó que se implementarán medidas estrictas para los grandes consumidores: “La segunda medida va a implicar el uso excesivo de agua en el caso de los grandes demandantes y esos grandes demandantes son de actividades comerciales e industriales a quienes también se les va a aplicar rigurosas medidas de cobro excesivo si no se ajustan a los promedios que definirán los prestadores”.

Otra importante medida es la regulación de los contratos de suministro de agua, conocidos comúnmente como la “venta de agua en bloque”, en ese sentido, Quevedo explicó que con esta estrategia se espera priorizar las actividades domésticas asociadas a la alimentación y los usos prioritarios.

Por último, la experta de la Comisión de Regulación insistió en la exigencia de prácticas más rigurosas por parte de los prestadores de servicios, pues ellos son los encargados de aplicar medidas que “lleven al cumplimiento de las metas de reducción de las pérdidas que están contenidas en sus indicadores que deben presentar periódicamente a la Superintendencia de Servicios Públicos”.