Denuncian que más de 400 mujeres víctimas de violencia de género en Medellín se quedaron sin defensa jurídica: cuál fue la razón

En Medellín, las mujeres víctimas de violencia basada en género han quedado sin representación jurídica durante dos semanas. La razón es la terminación del contrato entre la Alcaldía de Medellín y la corporación Colectiva Justicia Mujer, lo cual dejó sin defensa técnica a casi 500 mujeres en 580 procesos activos.

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La Secretaría de la Mujer explicó que el cambio de contratistas responde a un proceso administrativo necesario. El contrato entre la alcaldía y Colectiva Justicia Mujer finalizó el 27 de agosto. Según medios como Caracol Radio, la terminación del contrato se debió a una reducción presupuestaria del 71% en los recursos destinados a la representación jurídica de estas mujeres.

Valeria Molina, secretaria de las Mujeres en Medellín, dijo al medio citado que “en la administración pública uno no puede tener dos contratos con el mismo objeto, por lo que tuvimos que finalizar el anterior y realizar todos los procesos administrativos para iniciar el nuevo contrato con el Tecnológico de Antioquia y su equipo jurídico llamado ‘Módulo Fucsia’”. Molina aseguró que se espera firmar el nuevo contrato esta semana.

Por su parte, Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de Colectiva Justicia Mujer, calificó la situación como riesgosa para los procesos legales y la calidad de la atención a las víctimas. “Esto expone a las víctimas a una mayor violencia institucional y deteriora la calidad de la atención lograda”, dijo Álvarez Cadavid.

La alcaldía, por su parte, aseguró que, durante esta transición, han buscado que las mujeres continúen recibiendo asesoría a través de mecanismos de atención psicológica y jurídica en diferentes territorios, además de solicitar apoyo con la Defensoría del Pueblo.

Molina señaló: “El contrato nuevo no compromete ni la calidad del servicio, ni la seguridad de las profesionales. Así podremos aumentar la meta de atención de 1.147 a 1.924 mujeres durante este cuatrienio”.

La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, presentó un panorama alarmante sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Marín destacó que entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se registraron 630 feminicidios y 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar.

Según la Defensora, uno de los problemas más graves de derechos humanos es la violencia y discriminación contra las mujeres, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Marín subrayó que la violencia institucional contribuye a esta situación, ya que las autoridades estatales no tratan estos casos con la gravedad necesaria y carecen de la formación adecuada para proteger a las víctimas.

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que hasta el 31 de agosto de 2024, se contabilizaron 106.601 casos de violencias de género física y sexual, negligencia y abandono psicológico. De estos, el 76% afectó a mujeres, es decir, 80.934 casos.

En su discurso, Marín enfatizó el compromiso de la institución para desarrollar procesos de pedagogía y formación, así como para supervisar que las instituciones den una respuesta coordinada a las situaciones de violencia de género no solo contra las mujeres, sino también contra la población Lgbtiq+.

Marín también mostró preocupación por la violencia ejercida contra lideresas sociales, niñas y adolescentes, además de mencionar una crisis de suicidios entre menores y jóvenes.

El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 1.462 suicidios entre 2019 y 2023, de los cuales el 53% fueron de niños y adolescentes, principalmente entre los 14 y los 17 años. Marín concluyó que estos suicidios reflejan la incapacidad del Estado para proporcionar un entorno protector a estos jóvenes.

En Ibagué, un juez decidió de dejar en libertad a Julián Avellaneda, acusado de perpetrar el presunto feminicidio de su exesposa, Katherine Bocanegra, quien tenía siete meses de embarazo al momento de su asesinato en febrero del 2024.

Avellaneda fue inicialmente detenido por ingresar armado al lugar de trabajo de Bocanegra, donde le disparó, causándole heridas fatales a ella y a su hijo nonato. Además, hirió a otra persona presente en el lugar, según informó Alerta Tolima.

Sin embargo, un juez de Ibagué concedió su libertad basándose en que no se cumplió con los plazos estipulados por la ley para el avance del proceso penal. Esta decisión ha desencadenado un amplio malestar entre la población y diversas organizaciones que trabajan en contra de la violencia de género en Tolima.

Estella Gordillo, presidenta de la Red de Mujeres del Tolima, expresó su descontento con la medida, representando a muchos que ven esta decisión judicial como un revés en la lucha por la justicia y la protección de las mujeres frente a la violencia de género.

Desde su captura, Avellaneda tuvo que enfrentar cargos por feminicidio agravado y por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, delitos que inicialmente le valieron una medida de aseguramiento carcelaria. Según el medio citado, la falta de celeridad en el procedimiento judicial le permitió recuperar su libertad provisionalmente.