Gobierno Petro ya radicó la nueva reforma tributaria: estas son las claves del proyecto que el ministro de Hacienda presentó ante el Congreso

En la mañana de este martes 10 de septiembre, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla llegó hasta el Congreso de la República para radicar el polémico proyecto de ley de financiamiento, con el que el Gobierno Petro pretende recaudar doce billones de pesos a través de más impuestos para los colombianos con mayores recursos.

Así quedó confirmado en varias fotografías y videos que mostraron al ministro Bonilla entrando a las instalaciones de la Secretaría General de la Cámara de Representantes, donde oficializó el proyecto de ley que ahora tendrá que surtir debates en las dos células legislativas del Congreso.

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En un acto protocolario, el jefe de cartera señaló que la nueva reforma, radicada bajo el nombre de ley de financiamiento, se enfocará en tres ejes específicos. Primero, entregaría estímulos a las empresas para garantizar la reactivación económica; le daría al Gobierno nacional unos 12 billones de pesos adicionales para el Presupuesto General de la Nación de 2025 y, por último, modificaría la vigencia de la regla fiscal que ya no sería para el 2026, sino un año antes.

La nueva propuesta del Gobierno Petro le otorgaría beneficios a las grandes, medianas y microempresas. Según comentó el ministro Bonilla, el nuevo proyecto pretende reducir en un cinco por ciento el impuesto a la renta de las compañías, pasando del 35 al 30% en un plazo de cinco años. En el caso de las medianas y pequeñas empresas, la reducción llegaría hasta el 27%, al tiempo que planea recaudar los fondos aumentando la tributación para los colombianos con mayores ingresos.

Asimismo, la nueva ley de financiamiento, que se manejó bajo absoluta reserva por parte del Ministerio de Hacienda, también plantea la implementación del IVA a productos y servicios que no tenían el impuesto y que no afectan los precios de la canasta familiar, como en el caso de las apuestas digitales y los servicios de hospedaje de viviendas particulares, como en el caso de Airbnb.

“Lo que más va a generar, un poco más de dos billones de pesos, es el nivelar las plataformas de juegos de suerte y azar. Entre plataformas de juegos de suerte y azar y los vehículos híbridos, puede estar alrededor de tres billones”, señaló el ministro Ricardo Bonilla.

Entretanto, aunque el Gobierno nacional pone todas sus esperanzas en la aprobación de la nueva reforma tributaria, que se tramitará de forma simultánea con el Presupuesto General de la Nación 2025, lo cierto es que los ánimos en el legislativo están caldeados y la propuesta ya tiene sus detractores.

Recientemente, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, expresó su preocupación por la nueva ley e invitó a analizar con responsabilidad una reforma de este calibre. Sin embargo, las palabras no fueron bien recibidas por el presidente Gustavo Petro, quien expresó públicamente su frustración en la red social X, argumentando que Cepeda obstaculizaba la aprobación de la ley que reduciría el impuesto de renta corporativa a las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Cepeda contestó insistiendo en la necesidad de un Proyecto de Ley General (PGN) ajustado que pueda ser discutido sin presiones, más aún cuando la ley debe presentarse de manera paralela a la tributaria, la cual involucra cifras considerables, estimadas en 523 billones de pesos.

Según sus declaraciones, el Congreso no está enfocado en favorecer gremios específicos, sino en la conveniencia general del país y, particularmente, en la reactivación económica. “Algo tan trascendental para el país exige mucha responsabilidad. En el Congreso no estamos pensando en empresas que hagan parte de un gremio u otro sino en la conveniencia general del país y, sobre todo, en la reactivación económica”, manifestó Cepeda.

Por su parte, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, también expresó escepticismo respecto a la viabilidad de la reforma tributaria. En sus declaraciones, Miranda destacó que una propuesta de este tipo no es oportuna ni necesaria en la actualidad, evidenciando que existe una discordancia entre el Gobierno nacional y el Congreso sobre este tema.

La representante recordó la experiencia del año anterior, en la que se aprobó un presupuesto desfinanciado, generando una situación crítica que casi quebranta la regla fiscal y derivó en recortes en todas las carteras. “Lo que tuvimos que ver en este año es que estamos a punto de romper la regla fiscal, pero sobre todo, que tuvo caer un recorte entonces. Si queremos ser responsables con el país, definitivamente, tenemos que aprobar el presupuesto de acuerdo a la realidad fiscal de este momento”, señaló.