El presidente Petro insistió en que si no le aprueban el presupuesto en el Congreso lo sacará por decreto: “Recortamos el gasto público sin tocar a los pobres”

El Congreso de Colombia se enfrenta a una decisión trascendental que involucra la ley de financiamiento y el presupuesto del año 2025, y en medio de un debate público entre el presidente Gustavo Petro y el senador Humberto de la Calle.

La controversia comenzó cuando Petro sugirió que si el Congreso no aprobaba la mencionada ley, la implementaría mediante decreto.

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Este anuncio despertó preocupación entre varios sectores, incluido el senador de la Calle, quien expresó su inquietud a través de redes sociales. Comentó que tal acción desfinanciaría el presupuesto, obligando al Gobierno a una reducción de gastos, lo que podría llevar al país a una situación incierta.

“A ver si entiendo: si el presidente dicta el presupuesto desfinanciado por decreto, que puede hacerlo, y no hay ley de financiamiento, que es competencia exclusiva del Congreso, pues el gobierno queda en el limbo. Lo lógico es reducir gastos”, fueron las palabras del senador.

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. El mandatario argumentó que la Constitución le confiere esta facultad al Ejecutivo en caso de rechazo del Congreso, también ofreció una alternativa en forma de una nueva ley de financiamiento.

“Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la constitución dice que el Gobierno lo decreta. Como está desfinanciado se entrega al congreso la ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa y financiamos el desbalance con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por Internet y la reducción de exenciones. Si el congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”, respondió el mandatario.

Entre las propuestas presentadas por Petro, se destaca la reducción del impuesto de renta para beneficiar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y una sobretasa al petróleo y el carbón para compensar el desbalance financiero.

Además, se planea gravar los juegos de suerte y azar por internet y revisar las exenciones fiscales existentes. Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo equilibrar la inversión pública y las necesidades sociales sin afectar a los más vulnerables.

El centro del debate reside en quién tiene la última palabra: ¿El Congreso de Colombia o el presidente? La ley de financiamiento es esencial para asegurar los fondos para el funcionamiento del Estado y su inversión. La posibilidad de que el Congreso rechace la propuesta de ley plantea el desafío de recortar el gasto público y la incertidumbre sobre las consecuencias para las finanzas del país.

El senador de la Calle muestra que la aplicación de la ley por decreto pondría al Gobierno en una situación precaria, insistiendo en que el Congreso debe ser el órgano decisor en este tipo de cuestiones cruciales. Mientras tanto, Petro se mantiene firme en su postura de ejercer su facultad constitucional para asegurar los recursos necesarios.

La ciudadanía espera que los líderes políticos encuentren una solución eficaz y responsable a este impasse. El curso de los eventos sigue en evolución, y el país observa con detenimiento cómo se desarrollará esta pugna política que definirá el presupuesto para 2025.

La ley de financiamiento busca costear el presupuesto nacional y ejecutar proyectos clave para el desarrollo del país. Este marco legal se convierte en una herramienta crucial que impacta significativamente en la economía y las finanzas de la nación.

Para enfrentar el déficit presupuestario, la ley de financiamiento se focaliza en la recaudación de recursos. Mediante diferentes mecanismos, se procura garantizar que el Estado cuente con los fondos necesarios para mantener su funcionamiento, financiar programas sociales, infraestructura y otros servicios públicos esenciales.

Más allá de la simple recolección de impuestos, la ley también tiene el propósito de impulsar la competitividad de Colombia. Un aspecto importante de esta regulación es la simplificación de trámites y la congelación de algunos impuestos, medidas que favorecen a los sectores generadores de empleo, promoviendo así un entorno más dinámico y competitivo.

Una de las metas fundamentales de esta legislación es el estímulo a la inversión productiva. Al establecer un marco fiscal favorable, se incentiva a las empresas y los emprendedores a invertir en diferentes proyectos.

Esta estrategia busca fomentar la inversión en proyectos que no solo son productivos, sino también estratégicos para el desarrollo del país.

En términos de impacto socioeconómico, la ley de financiamiento aspira a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos colombianos. Se espera que al aumentar la inversión y la competitividad, se generen más empleos y se logre un crecimiento económico sostenido, lo cual, a su vez, proporcionará un mejor acceso a servicios básicos para la población.