Así es la alianza para erradicar el castigo físico y fomentar la crianza amorosa en Cundinamarca

Cundinamarca se destaca en programas para la promoción de una crianza basada en el respeto y la protección de los menores, en un esfuerzo encaminado a erradicar el castigo físico y fomentar entornos seguros para la educación.

En septiembre de 2024, el Comité de Incidencia en Política Pública de Prácticas Parentales del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social firmaron el Pacto por una Crianza Amorosa.

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Este acuerdo recibe apoyo de 116 alcaldías, representantes del ámbito académico y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La meta: implementar la Estrategia Nacional Pedagógica para disminuir la incidencia de prácticas como el castigo físico y los tratos crueles contra menores en el departamento.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Comité y la Gobernación, basado en diálogos que buscaban medidas para generar entornos más seguros y propicios para la crianza y educación de los niños y adolescentes.

René Bautista, coordinador del Comité de prácticas parentales de Colpsic, comentó que la búsqueda de un compromiso intersectorial ha sido fundamental. Bautista señaló la importancia de movilizar un cambio profundo respecto a la percepción de la infancia y juventud.

“Hemos buscado con determinación el compromiso intersectorial para movilizar un cambio profundo sobre nuestra visión de infancia y de juventud, con la convicción de que este cambio traerá consigo a una nueva ciudadanía, que entienda cuáles son sus derechos y deberes porque los habrá vivido en la práctica cotidiana, con amor y respeto. Tratamos de articular a diversos sectores para que podamos hacer realidad la implementación de políticas públicas como la Estrategia Nacional Pedagógica, que busquen el desarrollo integral de los niños y niñas del país”, afirmó Bautista.

Para Colpsic, es crucial resaltar el esfuerzo del Comité de Prácticas Parentales en la incidencia de políticas públicas nacionales que garanticen los derechos de la infancia y juventud, un compromiso compartido por los miembros de Colpsic en el país.

El tratado se centrará en la reducción de las prácticas punitivas y la promoción de una educación inclusiva basada en el respeto.

Entre enero y abril de 2024, Colombia registró alarmantes cifras de violencia intrafamiliar y de género, informaron la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este periodo, se contabilizaron 177 homicidios de menores y 121 feminicidios en todo el país.

La problemática se intensifica en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla. En estas localidades se reportaron los índices más altos de violencia intrafamiliar contra menores de edad. La Medicina Legal desglosó las cifras señalando que, de los 177 homicidios de menores, 11 corresponden a poblaciones en primera infancia, 7 a infantes y 159 a adolescentes.

En el ámbito de la violencia de género, las cifras son igualmente preocupantes. En el mismo periodo, se documentaron 121 asesinatos de mujeres. Un análisis más detallado revela que, en general, el país enfrenta un alto número de casos de agresiones y maltratos. Medicina Legal informó que durante los primeros cuatro meses del año se registraron 11.195 situaciones de violencia contra menores. De estos casos, 5.889 fueron presuntos delitos sexuales, 2.754 de violencia intrafamiliar y 2.552 de violencia interpersonal.

Las ciudades con los mayores índices de violencia intrafamiliar en menores fueron Bogotá con 880 casos, seguida por Medellín con 112, Cali con 64, Villavicencio con 52 y Barranquilla con 44 casos. Otras localidades que reportaron cifras significativas incluyen Ibagué (38), Cúcuta (35), Yopal (33), Bucaramanga (28) y Valledupar (25).

Además del alarmante incremento de violencia intrafamiliar, se registraron ingresos relevantes al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En su informe, la entidad reportó 11.427 menores ingresados al sistema de protección entre enero y marzo de 2024. Las razones de estos ingresos varían, pero todos los casos están relacionados con alguna forma de maltrato o violencia en sus hogares.

Frente a este escenario, la Procuraduría General de la Nación ha llamado a la acción urgente y coordinada entre las diferentes entidades gubernamentales y de la sociedad civil para abordar esta situación, que no solo se trata de estadísticas frías sino de la vida y el bienestar de miles de niños y mujeres que necesitan de la protección del Estado.

Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Barranquilla y otras ciudades mencionadas deben intensificar sus esfuerzos para prevenir estas situaciones y proveer la atención necesaria a las víctimas.