Sneyder Pinilla entuteló a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos porque no le entregaron información de corrupción en la entidad

El escándalo por la compra de carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) sigue generando controversia en el país.

Luego de que el pasado 31 de agosto, un juez ordenó medida de aseguramiento contra Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, y que cumplirá su pena en el Cantón Militar de Artillería, en el norte de Bogotá, la defensa del ahora procesado advierte que el proceso podría tener inconsistencias, debido a una información no presentada por la Ungrd, ahora liderada por Carlos Carrillo.

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A través de una tutela presentada el 30 de agosto, es decir, un día antes de que se conociera la condena, los abogados de Pinilla solicitan a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que entregue información relevante sobre el entramado de corrupción, con el que se habrían destinado más de 300 millones de pesos en contratos, según la Fiscalía, con el propósito de aportar a la justicia.

En el documento revelado por El Espectador, la defensa del ahora exsubdirector de la Ungrd asegura que, desde el pasado mes de marzo, han insistido a la nueva dirección de la entidad, para que le envíe la información relevante al respecto, pero que, hasta el momento, no han accedido a esta información, considerando que estarían vulnerando sus derechos a la justicia, al derecho de petición, al debido proceso y a la defensa.

Igualmente, la tutela resalta que entre el 14 y el 19 de marzo de este año, un grupo de investigadores contratados por Sneyder Pinilla, solicitó por vía derecho de petición que la Ungrd facilitara información relevante a la compra de 40 carrotanques con destino a La Guajira, así como correos entre proveedores y la entidad sobre estudios técnicos de la misma, y copias del organigrama de la subdirección para el Manejo de Desastres, al igual que copias de los contratos celebrados por la entidad, en los últimos cinco años, donde se contemple la compra de vehículos que serían utilizados por la entidad para llevar el líquido vital a las comunidades vulnerables del territorio colombiano.

No obstante, el documento menciona que la Ungrd, específicamente la oficina jurídica, siempre daba una negativa a la petición de Sneyder Pinilla, al considerar que es información de carácter privado y que, en el caso de entregarla a terceros, “afectaría los derechos fundamentales de intimidad de terceros involucrados en el proceso de contratación pública”, según la respuesta de la entidad.

Además, la entidad indicó que, de entregar esa información al antiguo subdirector, estarían incurriendo en varios delitos como prevaricato, abuso de autoridad y violación de mandatos constitucionales como el habeas data. “Se trata de información reservada que requiere permiso de los titulares o una orden judicial”, señaló la Ungrd a Pinilla.

Para los abogados del ahora procesado por corrupción, las respuestas de la oficina jurídica de la Ungrd son insuficientes, al considerar que la información solicitada “no es del todo reservada”, ya que algunos de los documentos como las empresas solicitantes o la orden de proveeduría de los carrotanques ha sido conocida por la opinión pública.

Incluso, destacaron que el actual director de la entidad, Carlos Carrillo, por medio de su cuenta de X, aseguró que haría público los documentos que evidenciarían las irregularidades en el proceso de contratación de los carrotanques.

“Salta a ojos la estratagema de la entidad para negar la información dentro de un derecho de petición (...) afecta directamente los derechos fundamentales del señor Sneyder Pinilla Álvarez de forma deliberada, la información nunca fue privada o de terceros, ni requirió órdenes de jueces penales, ella misma (la Ungrd) la publicó en medios masivos de información”, se lee en la tutela de los abogados de Pinilla, revelada por el citado medio de comunicación.

Por ahora, la petición de Pinilla fue aceptada por el Juzgado 19 Laboral de Bogotá. “En consecuencia, líbrese oficio con destino al Representante Legal o quien haga sus veces de la accionada Unidad Nacional para la Atención de Gestión de Riesgos y Desastres - Ungrd, para que en el término de un (1) día, emitan pronunciamiento de fondo respecto a los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela”, se lee en el documento del juzgado.