Las ollas comunitarias en Bolívar se convirtieron en un problema para la Ungrd: después de seis meses, los trabajadores no han recibido el primer sueldo

Decenas de trabajadores de la estrategia de ollas comunitarias en el departamento de Bolívar, una de las abanderadas por el Gobierno nacional, ahora se enfrentan a una crisis financiera, después de que completen más de seis meses sin recibir el pago que se les prometió por garantizar la alimentación a miles de personas en condición de vulnerabilidad.

Así quedó revelado en una investigación adelantada por la revista Cambio, que recogió los testimonios de algunos de los más de 100 contratados por fundaciones que operan en el departamento, que fueron seleccionadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) como parte de una iniciativa del Gobierno para proporcionar alimentación digna a poblaciones vulnerables.

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Las ollas comunitarias, una de las estrategias centrales del gobierno de Gustavo Petro, fueron lanzadas en noviembre de 2023 por la Ungrd. El objetivo era distribuir 261.000 raciones de comida en tres meses a la mayoría de los municipios del departamento, especialmente a las comunidades afectadas por desastres naturales y el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, Orlando Marrugo Vega, vocero de los trabajadores afectados del departamento, asegura que los operarios del programa no han pagado los salarios ni han completado los desembolsos para la compra de alimentos esenciales como verduras y proteínas. Según comentó Marrugo al medio citado, “el programa culminó en marzo y la situación sigue siendo crítica”.

Una de las perjudicadas, identificada como Delcy, cuenta que fue contratada verbalmente por la Fundación Mi Abuelo y Yo y que, aunque se le prometió un salario mínimo y prestaciones sociales, apenas ha recibido parte de un salario. “Ni siquiera hubo un contrato formal. Solo preguntaron en la comunidad, nos ubicaron y aceptamos por la promesa de un sueldo”, afirma Delcy.

Delcy y otros trabajadores han tenido que recurrir al crédito para comprar carne y verduras necesarias para cumplir con las raciones diarias. “No podíamos dejar a la gente sin comer. Hasta me tocó sacar a crédito carne y pollo y no he podido abonar nada”, explicó la trabajadora a Cambio.

Otro trabajador afectado, que se presentó como Jorge, comentó que aceptó el puesto como manipulador de alimentos por la urgencia de empleo que tenía, pero que desde el primer mes no recibió la paga acordada y los operadores dejaron de responder. “La primera vez entregaron los insumos para las raciones. Luego entregaron cada vez menos y, cuando empezaron a fallar con los salarios, no respondieron más”, relató.

Los operadores contratados por la Ungrd para implementar las ollas comunitarias en Bolívar fueron dos fundaciones de Cartagena: Mi Abuelo y Yo y la Corporación Multiactiva Revive Tú Esperanza (Comulres). Mi Abuelo y Yo gestionó una orden por 3.480 millones de pesos para entregar raciones de alimentos en diversos municipios, mientras que Comulres, una contratista habitual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), ha firmado contratos por más de 25.000 millones de pesos entre 2021 y 2023 para atender poblaciones vulnerables en Magdalena y La Guajira.

Por su parte, Orlando Marrugo mencionó que la preocupación es generalizada de los afectados por la ausencia de pagos y las explicaciones imprecisas recibidas de las fundaciones, que alegan que la Ungrd no ha completado los desembolsos necesarios. “Ya casi ni nos contestan el teléfono, eso es muy preocupante. Y las pocas veces que lo han hecho es para decir que la Ungrd no ha girado la plata”, denunció el trabajador.

Relatos similares de irregularidades y falta de cumplimiento contractual también han surgido en Córdoba y La Guajira, donde se han presentado denuncias de que el programa nunca se implementó adecuadamente a pesar de haberse desembolsado los fondos. Sin embargo, la entidad de mitigación del riesgo, bajo la nueva dirección de Carlos Carillo, y la Procuraduría han iniciado investigaciones para determinar si los recursos fueron desviados, posiblemente hacia campañas políticas.

Asimismo, la Ungrd admitió conocer las denuncias en Bolívar y justificó la falta de pagos argumentando que las fundaciones no han presentado la documentación completa necesaria para proceder con los desembolsos. “Se han recibido varias quejas de los contratados, quienes han manifestado su preocupación por la falta de pago y el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de dichas fundaciones”, declaró la entidad a Cambio.

Mientras tanto, los trabajadores siguen a la espera de una resolución y de la notificación esperada en sus plataformas digitales sobre el pago de sus salarios atrasados, sumidos en la incertidumbre de cuándo podrán saldar sus deudas.