Camilo Romero, exgobernador de Nariño y actual embajador de Colombia en Argentina, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación. La sanción se impuso tras descubrirse irregularidades en el proceso de selección de la empresa que tenía la responsabilidad de comercializar 80 mil cajas de licor durante el año 2016.
La entidad ratificó que la sanción impuesta a Camilo Romero incluye una suspensión de sus funciones por un período de cuatro meses. No obstante, debido a que Romero ya no ejerce un cargo público, la sanción se traduce en una multa de 31.859.152 pesos.
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La Procuraduría indicó que la administración departamental, en ese momento liderada por el hoy funcionario del Gobierno nacional no aseguró la competencia equitativa entre los oferentes, pues únicamente una empresa tuvo acceso al decreto que establecía los precios y las escalas para la venta del licor. Además, no se definieron de forma clara las reglas para la participación, evaluación de ofertas y selección del proveedor, entre otras irregularidades.
Es por ese motivo que, según el Ministerio Público, el exgobernador Camilo Romero no actuó con la diligencia y el cuidado que se requerían durante el proceso de selección y adjudicación del contrato, ya que no supervisó ni controló adecuadamente las acciones del secretario de Hacienda departamental en dicho procedimiento.
La decisión de segunda instancia señaló que la administración de Romero seleccionó a la Organización de Licores de Nariño sin un proceso de selección adecuado y no garantizó que todos los posibles oferentes estuvieran informados sobre los detalles para la comercialización del licor. Según la Procuraduría, el actual embajador actuó sin la debida diligencia y cuidado. Como resultado, la sanción fue de casi 32 millones de pesos.
En el fallo de la entidad explican que “en su integridad el fallo apelado proferido el 5 de junio de 2023 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 por medio del cual declaró disciplinariamente responsable a Camilo Ernesto Romero Galeano en su calidad de gobernador de Nariño”.
“En el caso sometido a examen, se observa una total omisión frente a los deberes propios del gobernador, más aún si se tiene en cuenta que él dispuso del encargo al secretario de Hacienda para los asuntos urgentes de su despacho”, explicó la Procuraduría General de la Nación en su fallo.
La infracción en la que se vio implicado al embajador de Colombia en Argentina fue considerada grave y atribuida con culpa. La sanción de cuatro meses fue ratificada para aplicarse de inmediato; sin embargo, al no estar en funciones públicas actualmente, dicha sanción se convirtió en una multa.
La sanción dictada ha sido confirmada y su ejecución será inmediata. Dado que el sancionado no ocupa actualmente un cargo de elección popular, la medida será aplicada conforme a lo establecido.
Este nuevo conflicto legal que involucra al exgobernador de Nariño y actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, salió a la luz tras la confirmación de la Fiscalía sobre la detención de Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor directivo durante la gestión de Olmedo López al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En ese sentido, a través de un amplio comunicado en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro abordó el jueves 25 de julio el tema relacionado con la mención realizada por la Fiscalía General de la Nación sobre Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina. Romero fue mencionado durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quienes estarían implicados en un esquema de corrupción.
Al responder a un mensaje del diplomático en el que negaba cualquier implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el primer mandatario expresó su pesar. Desde su perspectiva, consideró lamentable que, en la búsqueda de beneficios judiciales, algunos de sus funcionarios sigan siendo acusados como presuntos implicados en el mal uso de los recursos de la entidad estatal.
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